Al presentar a la Procuraduría General de la Nación el proyecto para el fortalecimiento institucional del Programa de Alimentación Escolar, PAE, el Ministerio de Educación ha aliviado los temores por el riesgo de cancelación de una de las escasas acciones organizadas del Estado para atender la desnutrición de la infancia. Además, ha enviado importantes mensajes sobre el criterio del Gobierno Nacional frente a la inseguridad alimentaria que, a pesar de no existir catástrofes o guerras, sigue afectando a niños y ancianos, especialmente de las poblaciones pobres, los indígenas y los afrodescendientes.

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En su mensaje sobre este proyecto, la ministra de Educación ratifica la limitada perspectiva que deja al PAE simplemente como un programa contra la deserción escolar, razón por la que sigue adscrito a esa cartera. En lo educativo, de gran importancia, esta perspectiva desconoce que una estrategia coherente de seguridad alimentaria es fundamental para que cualquier inversión en calidad de educación rinda frutos en el aprendizaje y desarrollo intelectual de los educandos.

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Fortalecer el PAE es necesario, y así lo reclamamos cuando soplaron vientos que lo amenazaron, buscando castigar a los niños por la corrupción de los adultos. Y a ello pueden ayudar los instrumentos institucionales, como la gerencia que se propone, para su planeación, financiación, gestión y control. Pero dedicarse sólo a él es fragmentar el universo de la seguridad alimentaria en su calidad, integralidad y cobertura, que exige mayor dedicación para menores entre 0 y 5 años, así como también enfoque a los adultos mayores.

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Para departamentos como Antioquia, que enfrentan un déficit de 84.000 raciones para atender la alimentación de los estudiantes beneficiarios del PAE, el anuncio de que el modelo prevé planificar y financiar la entrega de raciones alimentarias antes de delegar su ejecución en las entidades certificadas, como seguirá haciéndose, es una noticia alentadora.

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Es de aplaudir que se determine fortalecer la alimentación escolar. Pero no deja de ser inquietante que se ponga la seguridad alimentaria bajo el manto de un Ministerio, limitando la interacción entre ministerios, que incluye los de Salud, Interior y Cancillería, así como con institutos, como el Icbf o el Nacional de Salud. La integralidad de la gestión en seguridad alimentaria, que no es sólo la lucha contra la desnutrición o la entrega de raciones de alimentos, se lograría comprender y atender con iniciativas como el Sistema de seguridad alimentaria y nutricional, proyecto de la senadora Sofía Gaviria que el Congreso y el Gobierno se resistieron a tramitar, con el cual se buscaba organizar la información, planificación, financiación y gestión de la seguridad alimentaria para toda la nación.

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Una importante demostración de la necesidad de abordar la inseguridad alimentaria en el país la da la denuncia de Javier Rojas Uriana, líder Wayuu, sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en La Guajira, debido a que las familias han dejado de denunciar las muertes y enfermedades asociadas a la desnutrición, por temor a la reacción de los funcionarios departamentales. Ello, para no mencionar las comunidades que ni siquiera cuentan con líderes o ciudadanos dispuestos a luchar por su salud nutricional, como las de Vaupés, Amazonas, Guainía y hasta el Chocó. Sin esa información será imposible concebir soluciones que cuiden la vida y el futuro de los pueblos con hambre.

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