El Parlamento de Venezuela, en manos de la oposición, ahondó en las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro formuladas el miércoles por la ex fiscal general Luisa Ortega, que aseguró poseer información que involucra al jefe del Estado en dos supuestos grandes casos de corrupción.

Ortega, quien escapó del país el pasado viernes pasado tras meses en el punto de mira del oficialismo por sus críticas hacia Maduro, dijo tener pruebas que comprometen a Maduro y otros altos cargos del chavismo gobernante con un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela.

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La extitular del Ministerio Público aseguró además poseer indicios de que una empresa mexicana que presta servicios al Estado venezolano en la importación y distribución de las bolsas CLAP (alimentos que el Gobierno vende a precios subsidiados en las zonas populares) podría ser propiedad del mismo Nicolás Maduro.

En una sesión convocada por el Parlamento para tratar las denuncias de la exfiscal, el diputado opositor Juan Guaidó declaró que Odebrecht firmó contratos por valor de 22.000 millones de dólares con Venezuela, una cantidad que dobla, dijo, "las reservas internacionales" del país y es "suficiente para pagar" toda su deuda comercial.

Guaidó explicó además que la firma brasileña ha dejado 7 obras inconclusas en el país, entre las que mencionó una central hidroeléctrica, proyectos ferroviarios y tres puentes. Uno de ellos estaba llamado a ser el segundo puente sobre el lago de Maracaibo del noroeste del país, cuyas obras tienen según datos ofrecidos por el diputado 11 años de retraso, un 3.000 % de sobreprecio y apenas un 36 % de ejecución.

Sobre la posibilidad de que Maduro se beneficie directamente del CLAP, Guaidó denunció que la información sobre la empresa mexicana "desapareció" del Registro Nacional de Contratistas del país, lo que a su juicio demuestra que el Gobierno "trafica con la miseria y el hambre". El CLAP fue creado el año pasado por el Gobierno para proveer a los más pobres de comida a precios asequibles ante la grave situación de escasez de alimentos básicos y la inflación galopante que sufre el país.

Los diputados acordaron solicitar a Ortega, a quien reconocen como "la única fiscal legítima", información sobre estas denuncias para hacer avanzar investigaciones desde el Parlamento, reducido a un papel simbólico por una Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo que se ha atribuido sus funciones.

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Este suprapoder no reconocido por el Parlamento ni por buena parte de la comunidad internacional adelantó hoy por boca de su presidenta, la excanciller Delcy Rodríguez, que empezará a partir de la semana que viene a redactar una nueva Carta Magna. La Constituyente conformó también una Comisión de Economía Diversificada y Productiva que "será la encargada de organizar, coordinar, y presentar las propuestas y diseño para la ruptura definitiva con el modelo rentista petrolero".

Antes de que se hicieran los anuncios, cientos de venezolanos participaron en simulacros previos a los ejercicios cívico militares que se realizarán este fin de semana, ordenados por el presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la "amenaza imperial" hecha por su par de EE.UU., Donald Trump, que dijo no descartar una opción militar para el país.

El canal estatal VTV mostró varias maniobras militares, prácticas de tiro y aterrizaje en al menos cinco de los 24 estados de Venezuela, todas encabezadas por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en algunos casos con participación de civiles.

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La jornada estuvo marcada por la interrupción por parte de las autoridades venezolanas de la señal en el país del canal colombiano Caracol Televisión, que el exdirector del ente regulador de telecomunicaciones, el chavista Andrés Eloy Méndez, justificó por las incitaciones "a la muerte" que se harían en esta cadena. Méndez aludió en este contexto a un mensaje del expresidente mexicano Vicente Fox en el que el mandatario decía que Maduro debe renunciar o salir "con las patas por delante, en un cajón".