Con la etiqueta #FraudeElectoral pulularon el martes en la noche por las redes sociales los facsímiles de algunos formularios E-14 supuestamente tomados del sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales se evidenciaban presuntas alteraciones de los resultados de las elecciones presidenciales a favor del candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque. Evidencia de que bien pudo tratarse de una acción orquestada es que no tardaron en aparecer, en las mismas redes y bajo la misma etiqueta, otros formularios con resultados alterados a favor de los demás candidatos y la exigencia de un pronunciamiento “urgente” del registrador Juan Carlos Galindo Vacha.

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Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil tenga argumentos sólidos y suficientes para desestimar los señalamientos de fraude electoral y pese a que la ley colombiana es generosa en sus mecanismos para la custodia de los tarjetones y las actas que en el proceso se van diligenciando, desde la mesa de votaciones hasta la comisión escrutadora nacional, la confianza de los ciudadanos queda profundamente minada por la persistencia con que este tipo de mensajes se difunden en cadena por parte de sectores interesados en sembrar la incertidumbre o ambientar futuros señalamientos, versus la poca o nula pedagogía que se realiza por parte del Estado sobre los procesos que tienen lugar una vez terminan las votaciones y que constituyen, precisamente, la fuente de los resultados oficiales y, por ende, de la declaratoria de elección de un aspirante a un cargo público. Si la ciudadanía tuviera pleno conocimiento y diera el valor que merece al preconteo posterior al cierre de las urnas, nadie haría eco a los escándalos virtuales que carecen de todo valor jurídico.

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Tal como dijo la Registraduría Nacional del Estado Civil en un comunicado hecho público ayer, y reiterado en la voz del propio registrador Juan Carlos Galindo Vacha a distintos medios de comunicación, los tachones y las enmendadura no son evidencia de un fraude, entre otras razones porque los formularios E-14, que son los que se llenan en cada mesa de votación, tienen tres ejemplares, uno de ellos usado para la transmisión de los resultados del preconteo (un servicio que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil en aras de la transparencia y de la información a que tienen derecho los ciudadanos y los candidatos), uno para los delegados, encargados de digitalizar dichos resultados, y uno que se entrega al clavero, quien es el responsable de velar por la seguridad de las actas y los formularios que se entregan a la comisión escrutadora, cuyos integrantes son, en general, jueces y magistrados del orden municipal, departamental o nacional según el nivel del escrutinio.

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Para promover la transparencia en este proceso, los partidos y candidatos acuden a la figura del testigo electoral, quien tiene la obligación de presentar los reclamos que considere pertinentes, bien sea en la propia mesa de votación o en el proceso de escrutinio. Tales reclamaciones, debidamente sustentadas con pruebas, son las únicas con valor jurídico con miras a que se declare alguna irregularidad que conlleve la anulación de votos, mesas o puestos de votación, de modo que si un partido o candidato no hace denuncia alguna durante los escrutinios, se declara implícitamente conforme con los resultados. De modo pues que quienes pretenden ahora presentar como prueba de fraude electoral fotos, pantallazos o videos, han debido presentar tales denuncias, si es que tenían el soporte para hacerlo, ante las comisiones escrutadoras municipales, que comenzaron a trabajar el mismo domingo en la noche; departamentales, que comenzaron a trabajar el martes, o la nacional, que debe iniciar sus tareas en los próximos días para declarar el resultado oficial antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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La pretensión del candidato de izquierda Gustavo Petro de tener una registraduría paralela para auditar los resultados de las elecciones presidenciales (sobre los cuales dijo el domingo que coincidían con su auditoría), ha llevado no solamente a que se sobredimensionen hechos como las supuestas denuncias de fraude electoral sino que sigue alimentando la desconfianza en el sistema electoral colombiano, tal vez con el ánimo de no reconocer los resultados de la segunda vuelta en caso de que le sean adversos, lo que quebranta la institucionalidad que, como aspirante a la primera magistratura, debería defender. No se puede juzgar que por algunos formularios con tachones, todas las copias y todas las actas estén alteradas, como es el mensaje implícito e irresponsable que algunos quieren propalar. Por nuestra parte sabemos que los errores se presentan, pues son personas quienes diligencian los formularios, pero las proporciones son mínimas y en nada alteran resultados electorales en los que los votos se cuentan por millones. Confiamos y respaldamos la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y esperamos que el candidato Gustavo Petro llame a sus seguidores a respetar los procesos a cuyas reglas decidió someterse cuando inscribió su candidatura.

Comentarios:

Edgar
2018-05-31 09:21:39

Totalmente de acuerdo. NO puede haber temores infundados respecto de una tarea titánica, como es la de la Registraduría, aún teniendo en cuenta algunos errores seguramente involuntarios, pero con seguridad no es lo normal. Si el señor Petro quiere ajustarse a la ley, pues que lo demuestre con hechos, deja un mal sabor eso de una registraduría paralela. Es como esperar, en una posible presidencia suya, un parlamento paralelo, ó cualquier otro de los entes de control paralelos. Qué tal!

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