El superintendente Nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo, y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera, se pronunciaron este lunes sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordena a la Supersalud hacer efectiva la devolución de los afiliados a la EPS indígena Manexka.

En marzo de 2017 la Supersalud ordenó la liquidación de Manexka, después del hallazgo de serias irregularidades, entre ellas, ausencia de vacunación en niños, tasas elevadas de mortalidad materna y de menores y pacientes con enfermedades de alto costo sin atención. Adicionalmente, se evidenciaron diversas figuras a través de las cuales se desviaban recursos del sistema de salud.

La Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Manexka, interpuso acción de tutela en contra de la resolución de liquidación de la Superintendencia Nacional de Salud, argumentando que incumplió la normatividad especial de traslado de afiliados indígenas.

Mediante fallo de 2 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería concedió la tutela y le ordenó a la Superintendencia suspender los efectos de la Resolución. Esta decisión, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, implica la devolución de los afiliados indígenas a la EPS Manexka, a pesar de la existencia de serias irregularidades en el servicio y funcionamiento de la misma.

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"Acataremos la orden, pero  debo advertir, como lo hemos hecho durante todo este proceso, que aquí está en riesgo la vida de las 210.000 personas que debemos reintegrar a una EPS que no está en capacidad de asegurarlos de manera adecuada y segura", afirmó el Superintendente de Salud.

Para Cruz Araújo "este es un hecho sin antecedentes, son más de 210 mil personas que hoy están recibiendo atención en otras EPS; allí hay personas con tratamientos en curso y procedimientos programados; hay incluso pacientes en hospitalización".

Ambas entidades hicieron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que proteja a esta población vulnerable, suspendiendo la orden de traslado mientras se pronuncia de fondo sobre esta disputa jurídica.

"Desde noviembre de 2017 la Corte Constitucional seleccionó la revisión del fallo de tutela aplicando el criterio de lucha contra la corrupción. Esperamos una pronta decisión. En este caso, además de la salud de 210.000 indígenas, lo que está en juego es el sistema de salud y la autonomía de las entidades que lo vigilan, como es el caso de la Supersalud", indicó Vélez Cabrera.

El superintendente Cruz agregó que la entidad continuará ejerciendo la vigilancia sobre esta y todas las EPS del país. Para ello realizará jornadas de atención al ciudadano con el fin escuchar a los usuarios del sistema, como las realizadas recientemente en Tumaco, San Andrés y Quibdó. En los próximos días se visitarán otros municipios para atender las quejas de los usuarios y, si fuera del caso,  investigar y sancionar a las EPS que presenten inconsistencias en la prestación de los servicios.