Los titulares de instituciones que debieran ser las principales impulsoras del sistema de seguridad alimentaria y nutricional, dan la espalda a quienes por la desnutrición ven afectados sus derechos a la vida, la salud y la educación
Las intervenciones del contralor general de la República pidiendo resolver los problemas de corrupción interrumpiendo el PAE, el enfoque en obesidad al divulgar los resultados de la Encuesta nacional de seguridad nutricional y las denuncias por desfinanciamiento del PAE en departamentos como Antioquia evidencian la intencionada persistencia en desenfoques y distractores sobre la seguridad alimentaria y nutricional.
El modelo de administración y gestión de los recursos de alimentación escolar a través de una intrincada relación del Ministerio de Educación y las entidades territoriales, sesgada por el centralismo, no ha logrado eliminar escandalosos casos de corrupción con recursos de la nutrición para niños escolarizados, o sea mayores de 6 años. Ante la gravedad de la desatención a los niños y las pérdidas de recursos, el contralor Edgardo Maya ha propuesto suspender el programa mientras se le reestructura, demostrando así su desconocimiento de que, dada la gravedad la inseguridad alimentaria de las familias, el PAE es tanto una política nutricional como una eficiente estrategia de escolarización.
Mientras los medios de comunicación dedican amplios espacios y detalles a las denuncias del contralor, que esperamos sean cabeza de proceso a sanciones que esa entidad puede aplicar a los responsables fiscales del abuso, poco se ocupan de las justas críticas de gobernadores y alcaldes, por los sucesivos recortes del Gobierno Nacional a los recursos del PAE. Según el gobernador Luis Pérez, los recursos asignados a Antioquia para este programa en 2017 fueron recortados en $10.000 millones, y los que se destinarán a 2018, serían acortados en $11.000 millones. Explicó el gobernador, que esa medida afectaría la nutrición, salud y educación de 50.000 niños en Antioquia.
Al tiempo que el doctor Maya hacía su propuesta, el Ministerio de Salud editó la extensa información de la Encuesta Nacional de Seguridad Nutricional, Ensin, 2015, que acaba de ser publicada, para privilegiar la obesidad como el problema prevalente en el enfoque nutricional, una visión que le permite poner la responsabilidad nutricional en el autocuidado, o sea en el individuo, y minimizar el drama de la desnutrición. Desconoce este enfoque que, según el Boletín Epidemiológico, afectado por subregistros o informes mal realizados, hasta el pasado 18 de noviembre habían muerto en el país 46 niños menores de 5 años, a consecuencia de la desnutrición. Y que en 2016, período de toma de la muestra, se admitieron 59 muertes de infantes por inseguridad alimentaria, cifra castigada a la baja. Poner el sobrepeso como problema en un país donde todavía los niños mueren por desnutrición es desenfoque que en una sociedad respetuosa de la vida sería piedra de escándalo.
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El desprecio por los beneficios del PAE, y el énfasis exclusivo en aberrantes hechos de corrupción; el desinterés general por la desnutrición infantil, que sólo es noticia cuando no hay otro tema, así como el desinterés del Gobierno Nacional por dar vía libre al Sistema Integral de Seguridad Alimentaria y Nutricional, son síntomas muy severos de falta de interés por crear oportunidades para que la infancia colombiana goce de dignidad en sus años tempranos.