El martes se conoció la condena de Gabriel García Morales, ex viceministro de Transportes que recibió sobornos de Odebrecht, compañía que encabeza una trama de sobornos estimado en 439 millones de dólares, por el que han sido salpicadas 73 personas, entre ellas seis expresidentes y cuatro presidentes hoy en ejercicio, en doce países de América Latina. La sanción por seis años de prisión y multa de 63 millones de pesos para uno de los receptores de sobornos que en Colombia ascendieron a once millones de dólares, irritó a quienes le exigen a la justicia que defienda el fisco combatiendo la corrupción.

Las actividades ilícitas de las compañías brasileras investigadas en la Operación Lava Jato comprenden la financiación ilegal de campañas electorales; la contratación  de agentes sobornadores que actuaban a la manera de lobistas, y el pago de sobornos a los responsables de la contratación pública. Por tan graves hechos, se han reconocido distintas intervenciones de los Estados atacados por los agentes corruptores y los lábiles corruptos.

Perú y Ecuador están dando ejemplo de firmeza para judicializar a las personas, cualquiera sea su rango, que se dejaron corromper por la constructora Odebrecht. Después de abrir investigación a los tres últimos presidentes, y dictar orden de captura internacional contra Alejandro Toledo, la justicia de ese país ha presentado en el Senado causa de destitución contra el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, acusado de recibir financiación ilegal en su campaña; por la misma causa lleva una investigación contra la excandidata Keiko Fujimori. Igual voluntad de no tolerancia contra el crimen comienza a demostrar la justicia ecuatoriana, que el pasado jueves produjo la condena del ex vicepresidente Jorge Glas, quien deberá pagar seis años de prisión y una significativa indemnización, de 33,3 millones de dólares, bastante cercana a los 33,5 millones de dólares que se habrían entregado como sobornos en ese país. En el proceso de desenmascaramiento de empresarios, políticos, funcionarios y lobistas asociados a esta red corrupta, Brasil ha liderado ejemplares procesos, que condujeron a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la apertura de investigación al simbólico Lula Da Silva, así como la actual investigación al presidente Michel Temer. Prueba de la voluntad de la Fiscalía del país en el que los sobornos tuvieron mayor valor y más grande afectación, es la decisión, tomada en agosto, de extender por un año más, el cuarto, la investigación. La acción de las instituciones en estos países es digna de admiración.

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Frente a la diligencia de la justicia en tres países que los analistas no suelen valorar por la fortaleza de sus instituciones democráticas, emergen la procrastinación en que han caído los investigadores de países como Colombia y Panamá, otros de los dos grandes implicados, y la ofensiva desidia de los responsables judiciales de México, República Dominicana, Venezuela y Argentina, países con nulos avances en esta gravísima crisis.

En Colombia, los medios de comunicación se han convertido en el arma justiciera que señala responsabilidades, o las oculta, según sus intereses. Por ellos se conocen las denuncias por financiación ilegal a las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y a la de Óscar Iván Zuluaga; los señalamientos a congresistas y lobistas que favorecieron los sobornos, y las dudas por las actuaciones de las empresas socias de Odebrecht en contratos, como el de Ruta del Sol II, en los que se demostraron pagos de sobornos. Las publicaciones en medios de comunicación, y algunas medidas de detención preventivas contra altos funcionarios privados y públicos, no han encontrado respuesta en castigos de prisión y órdenes de indemnización por la justicia, que garanticen castigo a los culpables y demuestren voluntad de combate a la corrupción confesada por sus propios gestores. Situación parecida se vive en Panamá, donde han sido acusados altos dignatarios y sus parientes, sin que los procesos abiertos hayan favorecido sanciones.

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El único consuelo que pudieran tener Colombia y Panamá es el deplorable panorama que ofrecen Argentina y República Dominicana, sorprendentemente dado su prestigio como países con instituciones sólidas. Junto a ellos, son lamentables las nulas investigaciones, y escándalos, en México, que arrastra con una larga historia de impunidad en materia de corrupción, y Venezuela, país en el que el régimen hace todo lo posible por evitar procesos que las denuncias han demostrado que comprometen a Hugo Chávez y el propio Nicolás Maduro.