Comparto el análisis que hace el editorial de EL MUNDO del pasado domingo al decir que el programa Ser pilo paga no es una estrategia de cobertura, equidad y pertinencia de la educación terciaria. En un país con dificultades fiscales y con brechas aún sin superar en inclusión, equidad y cobertura en educación superior el Ser pilo paga no es la política pública que requiere Colombia.

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Tanto defensores como detractores de Ser pilo paga coinciden en que el programa tiene un sesgo positivo que permite a jóvenes en condición de vulnerabilidad, y lejos de las oportunidades, acceder a una educación de calidad con el apoyo del Estado para realizar sus estudios universitarios; se podría decir que el Estado debería ampliar este y otros programas similares, logrando que la población beneficiada por las becas fuera mayor, ampliando su cobertura a todo el territorio nacional.

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Sin embargo, Ser pilo paga tiene ese sabor agridulce que ha generado preocupaciones y suspicacias entre rectores y académicos, principalmente del sector oficial, que vienen cuestionando la iniciativa del actual gobierno para constituirlo en política pública; las preocupaciones son por los recursos utilizados por el Gobierno Nacional para financiar el programa, los cuales provienen del presupuesto que otorga el gobierno para educación superior destinado a financiar las universidades públicas; en el juego de palabras se dice que este es el gobierno que más ha invertido en educación superior, lo que no significa que sea en educación superior pública. Se trata de la misma estrategia utilizada por el actual gobierno al decir que los recursos para ciencia y tecnología son los más altos asignados en los últimos años, al considerar que los dineros de regalías hacen parte de este rubro. Ya se conoce el rumbo que han tomado los recursos de regalías al caer en la esfera de influencia de los gobernadores y políticos.

En cuanto a las suspicacias, se dice que Ser pilo paga se convirtió en una forma legal de transferir recursos públicos a las universidades privadas, sin que estas instituciones tengan que hacer algún tipo de contrapartida y sin que tengan que entregar cuentas al gobierno sobre la manera en que se invierten estos cuantiosos recursos. Quienes hemos tenido responsabilidad por la contratación con el Estado, a nivel de proyectos con los ministerios, las gobernaciones y municipios, conocemos las restricciones en el manejo de los recursos públicos que se asignan a las universidades para la ejecución de consultorías o asesorías en donde existen restricciones para el cobro de la famosa administración (administración, imprevisto y utilidad) que en el mejor de los casos puede alcanzar un 15%, pero que en los últimos años se ha venido bajando al 10% del valor del proyecto; en Ser pilo paga el gobierno no impone ninguna condición sobre la ejecución de los recursos.

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Mientras para las universidades privadas pueden de manera libre colocar el costo de la matrícula (calculado en promedio en veinte millones) y no comprometer aumento en cobertura, las universidades públicas sólo pueden recibir en promedio seis millones de pesos de matrícula por estudiante, siempre y cuando se trate de cupos nuevos a la oferta semestral histórica validada por el MEN. Además de que es discriminatoria esta forma en que se asignan los recursos públicos, resulta poco atractivo para una universidad pública comprometer un aumento en la cobertura, cuando ya de por sí desde el gobierno del expresidente Uribe las universidad públicas triplicaron su cobertura sin contar con recursos adicionales en sus bases presupuestales.

En un ejercicio de responsabilidad social y de compromiso con el país, deberían los rectores de las universidades privadas reconocer que Ser pilo paga no es la política pública en educación superior que Colombia necesita.

(*) Profesor Universidad de Antioquia