Un juez argentino procesó este martes a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista Mauricio Chicho Serna en una causa por la que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero.

Lo resolvió el juez federal Néstor Barral, quien ordenó embargos por 30 millones de pesos argentinos (1,20 millones de dólares) sobre los bienes del exjugador de la selección colombiana y Boca Juniors y de María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo Escobar y Juan Sebastián Marroquín Santos, hijo de Escobar.

Según la causa, el colombiano José Bayron Piedrahíta Ceballos ingresó al mercado financiero argentino una millonaria suma de dinero que se sospecha “obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que llevó adelante desde -cuanto menos- la década de 1990”.

De acuerdo a la Fiscalía, existe documentación que acredita que Juan Sebastián Marroquín reconoció haber sido, junto a su madre, quienes presentaron a Piedrahíta Ceballos como inversor de los proyectos que llevaba adelante el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, imputado en la causa, quien reconoció a favor de madre e hijo una comisión del 4,5 % del total de la inversión realizada.

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Barral considera que la viuda y el hijo de Escobar “efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales” de Piedrahíta Ceballos y “estaban al tanto de la imperante necesidad de Corvo Dolcet de obtener inversores para financiar sus proyectos inmobiliarios”.

Respecto a Serna, su intervención resultó, según el juez, “indispensable para completar el circuito de lavado”, y “a partir de su esencial aporte”, Piedrahíta logró el “ensombrecimiento de su capital” a través del intercambio de los bienes que poseía este en Argentina.

La resolución establece que una de las tantas formas en que Piedrahíta Ceballos inyectó fondos en los proyectos liderados por Corvo Dolcet fue mediante el aporte de tres inmuebles que con anterioridad le había comprado a Serna.