Desde agosto del año pasado Medellín cuenta con un Protocolo de Atención contra los Homicidios que busca proteger la vida de las personas cuando saben que se encuentran en riesgo de ser asesinadas.

La iniciativa funciona llamando a la línea 123 social para informar que se está en peligro de muerte, los funcionarios activan las alertas para estudiar el caso y decidir si la persona necesita intervención inmediata (sacarla del lugar de peligro), o puede esperar las indicaciones de los profesionales, llegar a un punto de encuentro y recibir asistencia psicológica. 

A pesar de contar con la estrategia, las recientes cifras de aumento en los homicidios demuestran su falta de efectividad, y según gestores de la misma iniciativa, esta tiene que mejorar en muchos aspectos para que alcance a proteger realmente las vidas, sobre todo de la población joven. 

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De los 290 homicidios cometidos hasta el 13 de junio del presente año, los de los últimos ocho días fueron ultimados en personas entre los 15 y los 42 años. De ellos, tres eran menores de edad, ocho tenían entre 20 y 25 años y cinco eran mayores de 30 años, para un total de 16 muertes.

Además, el reciente informe de Medellín Cómo Vamos, reveló que la tasa de homicidios aumentó de 21,5 en 2016 a 23,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. 

Lukas Jaramillo, coordinador de la Casa de las Estrategias, organización que le propuso el Protocolo a la Alcaldía de Medellín junto con la campaña No Copio, explica que una de las fallas que ha tenido el programa es la capacidad de atención y la generación de confianza en la gente para que llame a la línea de atención 123.

“Muchas veces los jóvenes en Medellín son amenazados con antelación, o sea, saben que los van matar días, semanas o incluso meses antes; poner una denuncia no es una solución rápida, y terminan aumentando las listas de muerte sin haber recibido nunca una ayuda; lo que busca el protocolo es salvar esas vidas, reducir el miedo de la gente, aumentar la confianza en la institucionalidad y demostrar que nada justifica el homicidio”, dice Jaramillo. 

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Aunque el reciente aumento de los homicidios no se puede explicar en la falta de eficiencia de un solo programa, desde la Casa de las Estrategias aseguran que hay formas del cuidado en la política de seguridad que no se han implementado en Medellín.

“El protocolo busca incluir a todo el mundo, acá no se miran antecedentes ni deudas con la justicia, lo que se busca es priorizar la vida de quien está en riesgo”, dice Jaramillo, y agrega que esto no es avalar la impunidad. “Hay que entender que la seguridad que protege a la gente es complementaria de la lucha contra el crimen; mientras más profesional sea la Policía y más técnica sea esta política, menos violentas van a ser las acciones”.

El secretario de seguridad, Andrés Felipe Tobón, explica que la estrategia busca ser una forma diferente de salvar las vidas, además de frenar el comportamiento ciudadano que suele justificar un homicidio diciendo que algo estaba haciendo la víctima o que andaba en algo raro.  

“Las personas que estén en riesgo de ser asesinadas en el territorio, sabiendo que estos riesgos son producto de confrontaciones entre las estructuras criminales pueden denunciar aunque tengan antecedentes judiciales, eso no los convierte en un blanco”, dice Tobón.

Para el investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, Luis Felipe Dávila, que la Alcaldía se preocupe por el homicidio en sus habitantes es un buen comienzo. “Hay que dejar de creer que hay vidas sobrantes”, dice. 

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“Somos una sociedad en la que los hombres jóvenes son asesinados y son asesinos, le tenemos miedo a nuestros jóvenes, y los jóvenes se tienen temor entre ellos mismos; no hay que ver esto como una alcahuetería, sino, como un análisis de lo que vive la ciudad; un hombre joven no la tiene tan fácil para salir de esos ecosistemas opresores, porque estas estructuras son cada vez más poderosas y es necesario que un tercero, como la Alcaldía, les tienda una mano”, asegura Dávila. 

El investigador agrega que el respeto de la ley es importante, y que los que se comportan de manera inadecuada deben ser castigados “porque debe haber cumplimiento de la norma”, pero agrega: “aunque el código penal es una herramienta muy importante no podemos caer en que el castigo es la única solución, eso se llama populismo punitivo, la gente no puede seguir disfrutando del sufrimiento del otro”.

Hasta el 10 de abril de 2018 el Protocolo atendió a 138 personas. De ellas, 84 estaban en riesgo y 54 eran sus acompañantes. En 28,5% de los casos se logró un traslado a otro municipio y en 3,6% a otro barrio, en 14,3% se brindó hospedaje y en igual número se remitieron las personas a otras instituciones.