La Asociacion Shipia Wayúu señaló que los llamados de atención del organismo multilateral y de distintos estamentos del Estado han sido omitidos por el Gobierno, mientras la crisis se agudiza.
Falta de atención en salud, la no existencia de suministros de agua y alimentos fueron las principales inconformidades manifestadas por la Asociacion Shipia Wayúu, a lo cual agregaron que las autoridades wayuú de Uribia criticaron el incumplimiento de las medidas cautelares proferidas por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos alrededor de la crisis humanitaria que se vive hace unos años en Guajira.
La Cidh había fijado unas medidas cautelares frente a este pueblo en el 2015, en las cuales “solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los niñas, adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del Pueblo Wayúu; en frentes como la prestación de servicios de salud, para atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables; el acceso a agua potable y salubre de manera sostenible y suficiente; y la provisión de alimentos de calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias”.
Adicionalmente, esta misma comisión amplió dichas medidas a “a favor de las mujeres gestantes y lactantes de la Comunidad Indígena Wayúu en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribía”, determinación en la cual manifestaron que se debe “asegurar el servicio de salud, de manera integral y culturamente adecuada, para las mujeres wayuú en estado de gestación y lactantes; tomaer decisiones para que ellas tengan acceso a agua potable y salubre, además de alimentos de calidad y cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias”.
A la par de esta organización, también mostró su preocupación la ONG Human Right Watch, la cual manifestó que tiene evidencias de que “existe una crisis y hay falencias en la respuesta gubernamental, lo cual se evidencia en un acceso sumamente limitado a alimentos y agua, agravado por altos índices de pobreza y un acceso igualmente deficiente a servicios básicos. La corrupción ha tenido un rol significativo en las limitaciones en los servicios públicos que se brindan en La Guajira, incluido el suministro de agua”.
Lea más sobre: La OEA amplía su amparo a los wayuu
Pese a la intervención realizada por el Gobierno Nacional, quienes se hicieron cargo de los servicios de salud, acueducto y alimentación de este departamento, recientemente el Consejo de Estado instó a la Corte Constitucional a que frente dicha situación de vulneración de derechos humanos, declare el estado de cosas inconstitucionales en esta región.
Esta determinación, la pidió debido a que la ineficacia de las entidades gubernamentales han generado la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua, la seguridad alimentaria, vida, salud, protección de los niños y comunidades étnicas. Esta entidad del poder judicial pidió urgencia en dicha decisión, ya que según argumentaron, la integridad de esta población está cada vez en un mayor riesgo.