La Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Colombia radicó ayer una demanda en un juzgado de la ciudad de Quibdó, Chocó, para recuperar tierras comunitarias que actualmente ocupan explotaciones de diferentes empresas.

La demanda sostiene que las tierras, que se ubican dentro de los límites del Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó (Cocolatu), deben ser restituidas a las comunidades que vivían allí, mayoritariamente afrodescendientes, antes de ser desplazadas por el conflicto armado a mediados de la década de los noventa.

Este paso legal se tomó ante el juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Quibdó, tras tres años de iniciar las investigaciones para fundamentar la denuncia, principalmente realizadas por el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular (Cinep), que también acompañó el proceso de negociación de la demanda.

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La reclamación se interpuso en un contexto de alta inseguridad para los líderes sociales de las comunidades, puesto que en el último año han sido asesinados tres miembros del Consejo Comunitario que denunciaban las actuaciones de los empresarios que explotan actualmente las tierras.

A lo anterior se suma la presencia de grupos armados paramilitares que se encuentran en la zona, según el Cinep.

El último hecho tuvo lugar el pasado domingo, cuando fue asesinado el líder Mario Castaño en el municipio de Belén de Bajirá a manos de personas no identificadas.

El representante legal del Cocolatu, Pablo Antonio López, advirtió que entrar en etapa judicial significa que la situación "va a ser más crítica" en términos de seguridad porque en la demanda "hay muchas cosas que comprometen a los empresarios que fueron causantes del despojo de las tierras".

"La seguridad no es la mejor (...) Hay muchos líderes en riesgo. Lo mejor que se puede hacer es que el Gobierno garantice nuestra seguridad, porque lo que viene es difícil y bastante duro. No queremos que sigan asesinando a los líderes", añadió.

Al respecto, la abogada del Cinep que acompaña el proceso, Alejandra Grillo, aseguró que "el tiempo para la fase administrativa", que acabó hoy, "debía demorarse máximo seis meses según el decreto, y terminó tras tres años y dos meses".

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Grillo apuntó que el proceso se alargó "por la complejidad y extensión del territorio", al tiempo que el investigador del Cinep Juan Pablo Guerrero precisó que la URT se demoró más de lo habitual en responder a sus estudios.

La URT rechazó emitir cualquier valoración sobre el caso hasta que se emita la resolución judicial. Además de explotaciones ganaderas y bananeras, que ocupan la mayoría del territorio, la demanda pide la suspensión de un proyecto minero que aún no se ha materializado y que se situaría en el cerro que provee de agua a las comunidades.

"(Los empresarios) siguen controlando territorial y económicamente la zona. Son los dueños del territorio colectivo (...) Al sector empresarial poco le importa la titularidad de la tierra, a ellos les importa el usufructo de la misma", denunció Guerrero.

El Cocolatu reclama recuperar una extensión de cerca de 107.000 hectáreas que comprende 49 comunidades y alrededor de 5.000 personas, y que incluye una pequeña superficie del departamento de Antioquia, aunque la mayoría se encuentra en el Chocó.

El Cinep calcula que alrededor del 80 % de la población de los territorios disputados fue desplazada por el conflicto armado a partir del 1996, dando lugar a que empresarios se apoderaran o compraran por la fuerza las tierras que los campesinos dejaron atrás.

La demanda se ampara en la ley de 2011 de restitución de derechos territoriales enfocada a comunidades negras para reclamar la restitución de esas tierras a los integrantes del Consejo Comunitario, muchos de los cuales volvieron a partir de 2012 a sus hogares y se encontraron las explotaciones en marcha.