El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados ilegales es una dramática realidad que por décadas ha torturado a gran parte del territorio colombiano y que hoy vuelve a encender las alarmas tras el anuncio de rearme de los exjefes guerrilleros de las Farc que amenazan con volver a la lucha armada contra el Estado y el país.

“El tema es bien preocupante para Colombia. Con el Acuerdo de Paz firmado con las Farc se desmovilizaron 15.000 combatientes, y si ahora ellos -en cabeza de alias iván márquez, jesús santrich y el paisa- van a volver a la lucha armada, pues van a necesitar soldados y los van a buscar entre niños, niñas y adolescentes colombianos, pero además entre esa población de migrantes venezolanos que están llegando desprotegidos y en medio de graves condiciones de vulnerabilidad, situaciones que los convierten en un blanco perfecto para los reclutadores”, advierte el abogado Alejandro Ruiz Caicedo, experto en derechos de infancia y adolescencia y docente de la Universidad Nacional de Colombia.

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Temor que reafirma Ximena Norato Palomeque, directora de Pandi en Colombia, agencia que de manera exclusiva trabaja en temas de niñez y derechos humanos: “Mientras los niños, niñas y adolescentes no tengan integralmente garantizados sus derechos, sufran hambre, maltrato, estén por fuera del sistema educativo o en un sistema educativo mediocre, que no tengan atención en salud y que no sean profundamente amados en sus entornos familiares, es facilitarle el camino a los grupos armados ilegales, porque como familia, sociedad y Estado no estamos haciendo bien la tarea de proteger la infancia”.

Según Norato Palomeque, “la situación de NNA es especialmente dramática hoy en las zonas fronterizas, donde muchos chicos viven en ambientes desprotegidos y en condiciones de precariedad, por lo que es urgente blindar todos esos entornos en los que transcurre su vida, y sin distinción de nacionalidad, como lo indica el Código de Infancia y Adolescencia, para poder evitar el uso, la utilización y el reclutamiento que esos grupos ilegales ejercen especialmente contra los menores de edad”.

Y en ese sentido, Ruiz Caicedo apunta que “la Convención de los Derechos del Niño aprobada por ONU, obliga a los países firmantes -entre ellos Colombia- a disponer todos los recursos financieros y humanos para evitar que estas sospechas terminen en casos concretos de reclutamiento, por lo que es urgente que, mediante el Sistema de Alertas Tempranas -SAT- que trabaja la Defensoría del Pueblo, se identifiquen estos territorios donde hay alto riesgo de reclutamiento, y si es necesario sacar a los chicos de esos entornos hay que hacerlo, trasladándolos junto a sus familias a programas y espacios protectores”.

Ruta de atención que establece un equipo de acción inmediata y que en los municipios está liderada por el alcalde, el secretario de gobierno, los secretarios de despacho y el Icbf, encargados de ejecutar esas acciones de prevención con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, que en este caso son los menores de edad.

Ligado al narcotráfico

Pero esta situación no es igual en todo el país. La historia del reclutamiento forzado deja ver claramente que este delito está muy ligado al narcotráfico, a los cultivos ilícitos y la presencia de los grupos armados que se disputan el control territorial y las rentas ilegales, lo que hace mucho más vulnerables a NNA de esas regiones de producción, tránsito y salida de la droga.

De tal manera que la preocupación hoy, por lo que está sucediendo, es mayor en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, además de los pasos fronterizos con Venezuela, “que son zonas donde los derechos de las personas tienen menos garantías, y no es porque los niños no vayan a la escuela, sino porque para ir a veces tienen que hacer recorridos de dos, tres o cuatro horas y en el camino pueden ser reclutados o en el mejor de los casos se acostumbran a la presencia de los grupos armados y a convivir en medio de una cultura de la ilegalidad, lo que de alguna manera es trazarles el camino equivocado”, comenta la directora de Pandi.

Lo peor, señala, “es que aparte de que hoy existen toda clase de grupos que reclutan, la gente tiene muchísimo miedo a denunciar, porque sienten que si lo hacen es poner al resto de la familia en riesgo o porque las alertas tempranas terminan en desplazamientos”, y eso lo que demuestra es que estamos ante un incalculable subregistro de estos hechos, mucho más en cuanto a casos de uso y utilización, que es cuando niños y jóvenes son portadores de mensajes, llevan y traen razones, avisan, hacen inteligencia en sus colegios o cerca a su casa, “entonces la gente calla porque siente que en medio de todo, por lo menos no se lo llevaron”.

Escenario que ahora es mucho más complejo porque el riesgo no es sólo para los colombianos, “también están reclutando jóvenes y adolescentes venezolanos que llegan en total indefensión, con hambre y necesidad, por lo que la primera obligación del Estado es protegerlos”, advierte Norato.

Todo sigue igual

El Estado colombiano no cuenta con un registro exacto del número de los menores de edad que han sido reclutados por parte de grupos armados en el marco del conflicto armado, lo que además es importante para que en un futuro puedan ser reconocidos como víctimas en el proceso de atención y reparación a que tienen derecho.

Por ejemplo, en la presentación del informe Cubrimiento periodístico respetando los derechos de la Infancia, con el apoyo de Pandi, Unicef y la Unión Europea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) reporta 6.499 casos de reclutamiento de menores de edad entre 1999 y 2018, siendo la más crítica la primera década de este siglo; mientras que la Unidad de Víctimas habla de 4.904 casos en el mismo periodo; y el Centro Nacional de Memoria Histórica de 7.849 casos, diferencias que además evidencian la falta de articulación de esfuerzos para atender a las víctimas.

Y hoy parece mucho más improbable saber cuántos son estos casos, mucho más si se observan las prácticas y los alcances de las nuevas estructuras criminales que operan con gran incidencia, además de los departamentos en mención, en ciudades como Medellín y en subregiones como el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo en Norte de Santander.

Lo cierto es que en lo que va de este año se han conocido más de 90 denuncias por reclutamiento de menores de edad, especialmente en zonas rurales de Antioquia, Chocó, Meta, Nariño y Caquetá, donde se ve con mayor preocupación la sistematicidad de estos hechos que hoy vuelven a encender las alarmas.

De acuerdo con las cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2014 el 10% de las víctimas reconocidas en desarrollo del conflicto armado colombiano correspondía a niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos ilegales, en total más de 7.000 menores de edad. De ellos, el Icbf, a través de su Programa Especializado para Atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos ilegales, atendió entre 1999 y 2014 a un total de 5.645, según describe Unicef en su informe ejecutivo de 2015 sobre caracterización de Niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales.

Para entonces, los grupos reclutadores eran, en su orden, las Farc, seguido por las AUC, Eln y las Bacrim. Hoy sólo cambia el orden, pero todo sigue siendo igual: Eln, disidencias de las Farc y Bacrim, que igual que antes reclutan a través del uso directo de violencia, el secuestro, la separación o la intimidación directa a NNA y/o sus familias; mientras que algunos ingresan a estos grupos para defenderse a sí mismos o a sus familiares. Es decir, por aparente decisión voluntaria.

Otro factor que no cambia y que hoy se refleja en las zonas más afectadas, es que por lo general las víctimas del reclutamiento forzoso provienen de los sectores sociales más pobres, analfabetas y rurales; como explica el informe: “Los estudios han demostrado que en los países en que este fenómeno ocurre, los hijos de familias con mayores recursos económicos y de contextos urbanos corren un riesgo mucho menor de ser reclutados a la fuerza”.

Por eso Unicef rebate el concepto de “alistamiento voluntario”, aunque diversas fuentes coinciden en señalarla como primera causa de vinculación a los grupos armados ilegales. Y en ese sentido el informe de Unicef señala que “el ingreso de los niños, niñas y adolescentes del campo y las zonas marginales colombianas a las guerrillas y los grupos paramilitares es el resultado de la manipulación perversa y engañosa, por parte de los miembros de estas estructuras criminales, de diversos y complejos factores de vulnerabilidad y presión material y psicológica a los que tales menores de edad están sujetos. Por ello, el reclutamiento de un menor para incorporarlo al conflicto armado siempre será un acto de carácter coercitivo, en el cual el menor de edad es la víctima de una forma criminal de manipulación psicológica y social en una etapa de su desarrollo en la cual está mayormente expuesto a toda suerte de engaños”.

Mientras que en ese mismo sentido la Corte Constitucional estableció desde 2005, que “la determinación de incorporarse a las filas obedece, en la práctica, a presiones de tipo económico, social, cultural o político, que no dejan alternativa a los niños ni a sus familias”.

Denuncia internacional

De hecho, ante la repetición de estos hechos, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, había denunciado el pasado mes de julio, que “hemos visto, con gran preocupación, que el Eln ha continuado con esta práctica de reclutamiento de menores de edad, y lo peor es que se ha establecido que como nueva estrategia muchos de ellos son enganchados a través del consumo de drogas”.

Por esos hechos, anticipó, “el Gobierno colombiano denunciará a estos grupos ante Naciones Unidas por el presunto delito de secuestro y reclutamiento”. Situación que expuso el funcionario luego de que se conociera el polémico video en el que alias uriel, comandante de la guerrilla del Eln, deja ver a varios niños haciendo propaganda en la celebración del 55 aniversario de esa guerrilla.

“Como es una violación a los Derechos Humanos del niño, la primera denuncia debe ser ante las Naciones Unidas por el presunto delito de secuestro y reclutamiento, una conducta violatoria del Estatuto de Roma y que constituye un crimen de guerra. El Gobierno Nacional repudia y condena estos hechos y dirigirá todas las acciones que estén a su alcance para señalar la violación de todos los derechos de los niños que aparecen en ese video y que, por información de inteligencia, conocemos que fue grabado en la zona del Chocó”, dijo Ceballos.

El Alto Comisionado aseguró que el Eln está haciendo alarde del uso y manipulación de niños menores inocentes que tienen derecho a la reserva de su identidad, pues exponerlos públicamente los pone en riesgo frente a cualquier actor armado.

“En este video aparecen niños en su mayoría menores de 15 años, rodeados por hombres armados, con armas de alto calibre. Tenemos muchas preguntas y el Eln tiene que contestarle al mundo y al país. ¿Por qué están esos niños ahí? ¿Están privados de su libertad? ¿Por qué son usados con imágenes hechas por un grupo armado ilegal para promocionarse? ¿Por qué el Eln no le dice al país si tiene realmente una voluntad de paz genuina y deja de reclutar menores?", cuestionó el Alto Comisionado.

Según Ceballos, en estas actuaciones el Eln demuestra una falta total de unidad de mando en esta organización, porque “mientras unos representantes hablan de paz, otros cometen conductas tan abominables como el reclutamiento. Es tiempo de que esta guerrilla tome decisiones, pues también hay confinamiento de menores en Chocó y de comunidades indígenas y afrodescendientes en El Catatumbo”, aseguró.

“Esta es una grave violación a los derechos humanos, una infracción al derecho internacional humanitario y un crimen de guerra que genera impactos desproporcionados y diferenciados, repercutiendo a la vez de forma negativa en la sociedad y en el desarrollo del país. El reclutamiento y/o utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte de las Organizaciones Armadas Ilegales no es la única forma de victimizarlos en la guerra, pero sí la más visible, porque detrás de ellas se conjugan otras formas de violencia, como mutilaciones, muertes como consecuencia de activación de minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados, entre otros”, señala el informe de Unicef.

Los roles a cumplir

Hoy, como antes, los menores de edad reclutados por grupos armados ilegales deben cumplir muchas tareas al interior de esas organizaciones.

- Entrenamiento.

- Utilización de armamento.

- Utilización de uniformes.

- ‘Ranchar’ o cocinar.

- Prestar guardia.

- Labores de Inteligencia.

- Patrullar.

- Fabricar explosivos.

- Combatir.

- Someterse a cambio de nombre.

En su informe, Unicef también se refirió a la paternidad y maternidad de NNA reclutados, y allí detalló que “el 8% de los niños, niñas y adolescentes entrevistados afirmó haber tenido hijo(s) durante su permanencia en el grupo. De ellos el 78.3 tuvo un hijo, el 8.7% dos hijos y el 4.3% tres hijos. EL 56.5% de quienes tuvieron hijos dentro del grupo no vivía con ellos”. Una dura realidad a la que siguen expuestos los menores de edad víctimas de reclutamiento, especialmente en las zonas más vulnerables del país.