Tal vez no sea el único caso de un logro colombiano inexplicablemente abandonado pese a sus efectos positivos. Tampoco el único que se mantuvo mientras sus responsables, la Procuraduría General de la Nación, el Icbf y Unicef, convencidos de su potencialidad, hicieron lo posible para asegurar que se sostuviera, multiplicara y se convirtiera en parte de la institucionalidad nacional, de 2004 en adelante. Una propuesta que suscitaría envidia de la buena en más de un país de nuestra región. Pasado el periodo del procurador Edgardo Maya Villazón, empezó a debilitarse hasta perder la fuerza y entusiasmo que alguna vez despertó en los territorios del país. 

El actual Procurador General de la Nación, que da muestras públicas de su interés por los derechos de la niñez, tiene a su disposición no sólo la amplia y positiva experiencia acumulada durante varios años, sino también el instrumental necesario para retomar la iniciativa a raíz de la elección de autoridades locales y regionales prevista para el próximo domingo.  Anibal Gaviria conoce bien este esfuerzo y de llegar a la gobernación de Antioquia, tendrá la oportunidad de recuperar el tiempo perdido.

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La propuesta era y es sencilla: los planes de desarrollo de municipios y departamentos, aquellos que se elaborarán en los primeros 6 meses de 2020, deben incluir políticas públicas explícitas en favor de la niñez y la adolescencia, elaboradas a partir de análisis de situación, serios y bien estructurados, de los derechos humanos de esta población.  No a partir de las preferencias o simpatías de alcaldes o gobernadores, especialmente si se trata de obra física, sino de prioridades dictadas por la realidad de sus condiciones de vida y el estado de sus derechos humanos.  

Si tal priorización se hace con la presencia y compromiso de los ciudadanos, tanto mejor porque podrá convertirse en factor de consenso y hoja de ruta eficiente para la acción.  Conseguido el acuerdo, la asignación de recursos públicos cae por su propio peso. Irán donde las prioridades lo indiquen y no donde concejales, alcaldes o gobernadores quieran, por compromisos previos o intenciones no muy santas.

Se trata de un instrumento para juntar voluntades detrás de propósitos comunes, donde caben políticos, activistas, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y, desde luego, la cooperación internacional.  Funciona también, por la claridad de sus objetivos y metas, como unificador de la acción estatal porque contraresta la dificultad secular de las entidades públicas para coordinar entre ellas. Crea, además, una ruta práctica y transparente para el seguimiento, evaluación y el ejercicio del control social, tan venido a menos.

No faltará quien diga: eso no funciona, la realidad política del país es otra, las autoridades, una vez electas, tienen sus propios intereses.  La diferencia, sin embargo, está en la presencia de la Procuraduría General de la Nación que, con voluntad política y la fuerza con que cuenta, puede sancionar autoridades (alcaldes o gobernadores) si incumplen los compromisos plasmados en sus planes de desarrollo.

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Mientras esta iniciativa tuvo un vigor distinto al de hoy,  se desarrolló una amplia batería de herramientas metodológicas y de planificación, definiendo claras responsabilidades para los ministerios, Planeación Nacional, las entidades descentralizadas, de control, municipios y departamentos y, obviamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cabeza del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que, pese a los años transcurridos, desde la aprobación del Código de Infancia y Adolescencia de 2006, aún no funciona como tal.

Al final de cuentas, el resultado palpable de este esfuerzo, orientado a racionalizar y hacer más eficiente la acción del Estado y la sociedad en favor de la realización de los derechos humanos de los menores de edad, se evidenciará en mejores familias, niños y niñas mejor cuidados, con mayores oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades y, por lo tanto, aptos, desde muy temprano en la vida, para ser ciudadanos capaces de perfeccionar la democracia y hacer de Colombia un mejor país.