El expresidente de Fenalco y ahora ministro de Defensa del actual gobierno había mostrado desde el comienzo su posición frente a las protestas sociales: rápido habló sobre la manera de responder del gobierno a las exigencias de muchos sectores insatisfechos.

 Cuando Guillermo Botero afirmó con perentoria admonición que “respetamos la protesta social, pero también creemos que ésta debe de ser ordenada y que represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo” y cuando dijo que “había que regular las protestas sociales” y que “dineros ilícitos financian la protesta social”, no sólo estaba mostrando la manera de responder del gobierno (autoritaria y arbitraria), sino que estaba preparando el terreno para que la protesta social se quebrantara, se desprestigiara y se estigmatizara y el uso de la fuerza policial (desmedida e irracional) estuviera justificada como primera opción de respuesta.

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Que las protestas sociales sean autorizadas, silenciosas, respetuosas, sin incomodar al tráfico, sin grafitis, en ultimas, sin paralizar e incomodar una ciudad o un país entero, para que puedan ser escuchadas, tomadas en serio y poder triunfar y conquistar derechos, es un cuento que sólo se lo creen los mismos que creen en el niño Dios, tan ingenuo como los niños. Sin hacer un llamado a la violencia pero sí a la realidad, hay que decir que los derechos adquiridos no se han conquistado con flores y con protestas que no incomoden.

Basta con mencionar algunos casos en los que la protesta social que tanto incomoda ha rendido verdaderos frutos. La Asamblea Nacional Constituyente en 1991 fue un triunfo que se consiguió incomodando para que las minorías fueran tenidas en cuenta, para que la iglesia dejara de tomar decisiones en el gobierno, para garantizar las libertades individuales, para que la prensa no estuviera censurada y para que no hubiera un gobierno centralista. En el Paro nacional agrario del 2013 campesinos, estudiantes, camioneros y productores de café lograron hacer abrir los ojos al país sobre las condiciones desfavorables en las que los campesinos estaban: el costo del transporte de sus cosechas era tan caro que era preferible perderlas o regalarlas y que el gobierno privilegiaba más la industria extranjera que la industria local; hasta que por fin el expresidente Juan Manuel Santos se sentó a hablar con ellos, ¿cómo lo hicieron? incomodando: bloquearon las principales vías de Colombia y subió descomunalmente el precio de los alimentos.

Por ahora, los estudiantes y profesores están haciendo los mismo para que la educación siga siendo un derecho en este país, para que siga siendo verdaderamente pública, libre e independiente. Pero se han encontrado con la represión del Estado cada vez más cruda y descarada. Las ultimas marchas estudiantiles han sido toda una fiesta para la fuerza pública: han podido dar rienda suelta al desprecio que sienten por los estudiantes, ha sido toda una piñata con gases lacrimógenos, detenciones ilegales, intimidación y muchos muchos golpes.

Basta con mencionar sólo un ejemplo de las muchas arbitrariedades de la fuerza pública en el marco de protestas sociales para lograr dimensionar las proporciones cada vez más trágicas que va alcanzando la lucha por la educación pública en el actual gobierno. El 8 de noviembre el Esmad protagonizó un ataque indiscriminado y desproporcional a los que participaban de la protesta a favor de la educación pública y en contra de la reforma tributaria en el Parque Caldas, Popayán: “…fueron detenidos arbitrariamente 2 estudiantes, 87 personas sufrieron diferentes tipos de lesiones y dentro de estas, 6 personas heridas de cierta gravedad, los cuales fueron atendidos por la brigada de salud estudiantil y algunas remitidas al Hospital San José, Clínica la Estancia y Clínica Santa Gracia, donde son valorados y según el pronóstico medico les dieron de alta, de los cuales 2 son remitidos a cirugía”.

La actitud del Ministro de Defensa desde el comienzo fue un claro anuncio de lo que será el panorama de las protestas sociales en lo que nos queda del actual gobierno: represión, mucha represión. Comenzó con los estudiantes y profesores, pero seguirá con cualquier sector que quiera alzar la voz y mostrar su insatisfacción. Siendo consciente de los riesgos que supone para los líderes sociales y para todo aquel que haga uso del legitimo derecho a la libertad de protestar el Ministro de Defensa comenzó criminalizando y estigmatizando toda movilización social en Colombia.

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Pero el ministro Guillermo Botero sólo es una de las partes de un gobierno autoritario y despótico. El uso desmedido de la fuerza pública es una de las armas de las que dispone el actual gobierno para callar la protesta social, fuerza que quiere hacerse ver como necesaria ante las incomodidades y perjuicios que supone para los grandes empresarios las marchas y paros sociales.