Colombia celebra la Semana del buen trato a la infancia con interesantes eventos contra la violencia intrafamiliar, que tiene que ser combatida con todos los medios. Simultáneamente, la conmemora ignorando los derechos de 1’288.599 niños y adolescentes reconocidos como víctimas del conflicto armado, a los centenares de miles que nunca denunciaron y a las decenas de miles que siguen sufriendo las agresiones de las Auc, las Farc, el Eln y sus disidencias. El olvido es otra forma de agresión para ellos.

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El subregistro en la Unidad de Víctimas da cuenta de infantes y adolescentes afectados por el reclutamiento forzado, que conduce al abuso sexual y formas ignominiosas de esclavitud, pero también de aquellos niños a los que los violentos les arrebataron la infancia asesinando o secuestrando a sus padres, desplazando a sus familias, o quitándoles a sus hermanos. Esos menores de edad no han recibido verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición, mínimos necesarios en tanto son víctimas severamente vulneradas.

Además de su olvido, ahora los niños son objeto de populismo legislativo que genera más discriminaciones que ocasión de proteger y restaurar sus derechos. En efecto, en la ley estatutaria de la JEP, el Senado introdujo un acápite que ordena que responsables de violencia sexual sean juzgados en la justicia ordinaria y no amnistiados; este populismo judicial crea una insana desigualdad que desconoce la gravedad de otras vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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A pesar de su inmensa gravedad, el del delito de reclutamiento de menores de edad transcurre cobijado por la indolencia de las autoridades. El pasado que cometió las Farc y por el que nunca cumplió su promesa, luego obligación, de liberar a las víctimas que retuvo en sus filas. Y el que en la actualidad está cometiendo el Eln en los municipios de Vigía del Fuerte, denunciado el 7 de noviembre por el gobernador de Antioquia, y Murindó, denunciado este martes pasado por el alcalde municipal. A pesar de su gravedad, el consejero presidencial de paz declaró no conocer las denuncias. Tras ser enterado, el doctor Rivera sólo se limitó a responder que dará trámite a las quejas, y poco puede esperarse una reacción firme del Estado, que ante las sucesivas agresiones debería dar por terminado el cese al fuego, e incluso la negociación hasta ahora inútil, con el Eln. El olvido, la ignorancia, y la indolencia del Estado y la sociedad sí que son hechos de maltrato a la infancia víctima del conflicto armado.

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