Desde el 5 de junio, cuando el Senado la aprobó en votación 84-0, corren las horas para la realización de la consulta popular en la que la ciudadanía podrá ordenar, o dejar de hacerlo, que la lucha contra la corrupción priorice los siete puntos propuestos por los promotores del proceso y los 3,1 millones de ciudadanos que firmaron la petición al Congreso para que activara la convocatoria a este mecanismo de participación ciudadana.

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La aprobación del Congreso y la convocatoria presidencial a la jornada de elecciones, que habrá de cumplirse el próximo 26 de agosto, acortan el tiempo para que el Gobierno Nacional y las autoridades electorales desplieguen las suficientes acciones pedagógicas que expliquen, con la objetividad que el problema en discusión demanda, cada punto, el estado en que hoy se encuentra y el impacto institucional de su aprobación o negación. Corren también las horas para desarrollar estrategias publicitarias y de movilización tendientes a enfrentar los riesgos de abstención pasiva y de politización por algunos sectores que han comenzado a usar la convocatoria para dar vigencia a sus partidos tras la conclusión de los procesos electorales de 2018.

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Si la consulta es exitosa gracias a una campaña informada que se traduciría en una amplia votación, el país más que encontrarse con novedosas leyes, habrá dado un importante paso adelante en la difícil tarea de inducir a los ciudadanos a participar activamente en el combate a la corrupción, que no por ser un problema global puede descuidarse, y contra la impunidad que en Colombia, muy particularmente, la ampara, permitiéndole crecer y corroer a muchas instituciones y actuaciones públicas. Por su importancia, es un gran reto vincular cada vez a más ciudadanos en la participación electoral, ahora, y en los posteriores procesos de control a la corrupción que ella desataría, si fuere aprobada.

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Algunos académicos y opinadores públicos, que no pueden ser tildados de tolerantes o partícipes en actos de corrupción, así como activistas políticos, han manifestado respetables objeciones a los intentos de algunos grupos maniqueístas por apropiarse de la bandera contra los abusos de la función o los bienes públicos. Con tales discursos y actitudes, los agentes políticos que impulsaron esta consulta hacen creer que el país político se divide entre los calificables como corruptos o proclives a la corrupción (que son los partidos y ciudadanos distintos a los promotores) y los transparentes, que para ellos serían las personas y partidos invitados a pedir las firmas, además de aquellos a quienes los promotores han bendecido con la calidad de transparentes, y cuyas conductas, como tristemente ha ocurrido con el profesor Antanas Mockus y los contratos concedidos a Corpovisionarios, su ONG, pretenden medir con diferente rasero sobre hechos y actuaciones que en otros habrían señalado como de dudosa eticidad y causales de inhabilidad.

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La aprobación de todos o algunos de los puntos, a los que habremos de referirnos a espacio, es un paso valioso, pero tal vez no el primero ni el más definitivo en el proceso de comprometer a la ciudadanía a que se haga activista en la lucha contra la corrupción en las corporaciones públicas, los contratos del Estado y la gestión de los elegidos popularmente. La votación por la consulta, si alcanza el umbral, no garantizará que el país efectivamente tome las decisiones que pongan freno a la corrosión de las instituciones por esas prácticas. Los cambios que esperan los promotores, y que son parciales frente a los múltiples vacíos institucionales en esta materia, se acelerarán si este paso de participación ciudadana es la semilla de la activación de distintos mecanismos de participación ciudadana que trasciendan el voto y la simple protesta. Entre los medios que propone la consulta se cuenta con formas de impulso a la deliberación en materia presupuestal y veeduría a los elegidos, que siembran posibilidades de participación.

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Cuando la consulta anticorrupción se vote y apruebe, preferiblemente, corresponderá a quien para entonces será presidente, o sea el Dr. Iván Duque, implementar decisiones que se revelan acordes con su programa de gobierno y con el compromiso que ratificó ante los colombianos en su primer discurso como presidente electo. Quienes acompañamos su opción a la Presidencia le reconocemos voluntad y capacidad para cortar con las prácticas que corrompieron al Congreso; fijar las rutas de transparencia en la contratación pública y, corrigiendo vacíos muy notorios en las siete preguntas propuestas en la consulta, activar las transformaciones que la justicia requiere, para que la impunidad deje de ser el manto que ampara a corruptores y corruptos.

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