Se necesita un abogado interesado en defender a las partes que están en desventaja en el actual panorama legal: el débil, el no nacido, el enfermo, el paciente terminal. Hoy las autoridades  manifiestan un execrable afán por eliminar a quienes consideran indeseables y, en máxima degradación del sentido racional de la norma jurídica, pretenden que quien lo haga sea un profesional de la salud.  Tal como como sucedió en 1933.

Existe una ofensiva para convertir -por normas de los poderes públicos- a los médicos en verdugos o en instrumentos de muerte selectiva de personas por encargo de terceros. Tal es el contenido ideológico de las normativas abortistas y eutanásicas  difundidas por el ministerio de la protección social. Esa dependencia se ha convertido en el brazo normativo que impone en la práctica clínica las premisas ideológicas de quienes copian lo peor de las legislaciones europeas –Holanda y Bélgica- en estos críticos temas. Se trata de atropellar, mediante el peso de una opresiva reglamentación, la esencia de la práctica médica. Todo ello, a pesar de las  explícitas referencias al  deber de la protección de la vida de todo ser humano, sin excepción, como parte esencial del sentido de la medicina. Y a pesar, también, de las afirmaciones del respeto a la vida y a la objeción de conciencia contenidas en la Constitución Política.

Lea también: Intolerancia y discriminación prenatal, máxima incoherencia

Se conoce ampliamente el pensamiento pro-aborto, pro-eutanasia, pro-adopción por parejas del mismo sexo, del actual ministro del ramo. No sorprende su afán por convertir en norma global su  voluntad en esas materias. Esto coincide con sus referencias a un ateísmo al uso, confundiendo la ostentación de la intolerancia religiosa que vive con algo que quiere presentarse como inteligencia avanzada o mentalidad de apertura. No es apertura mental la propaganda de comunes y antiguas premisas ideológicas de intolerancia hacia lo trascendente. Es apenas otra de las comunes formas de fanatismo del presente que adora lo “políticamente correcto”.

Puede interesarle: La otra enfermedad holandesa

Se busca un abogado. Alguien afecto a la premisa de dar a cada uno lo suyo, y con las herramientas intelectuales, morales y técnicas que deben estar al servicio de quien ejerce la profesión del derecho.  Podría oportunamente ocuparse de puntos muy críticos: la normativa del ministerio que impone la “muerte digna” confunde dignidad y autonomía con eutanasia. Se burla del real ejercicio de la autonomía por parte de quienes la tienen en extremos disminuida por  la circunstancia particular que atraviesan. Hay ejemplos de la arbitrariedad y el sometimiento del ejecutivo a las premisas de la ideología de género y de la eutanasia: la circular 003-2013 de la Supersalud y la resolución 0652-2016 del ministerio. Esta última inicua norma ordena no reportar los abortos ejecutados  (“IVE”) al sistema de registro civil y de estadísticas vitales. Hace una trampa a la realidad para que se refleje en las cifras oficiales sólo lo que place a los funcionarios. ¿No es esto una oscura y tortuosa expresión de  totalitarismo?

Un buen abogado tiene tareas por delante. En un sistema democrático los principios del respecto a la vida y a la objeción de conciencia coinciden con las máximas de la dignidad de todo ser humano contenida en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.  Podría defender con herramientas jurídicas el respeto a la autonomía y el ejercicio profesional. La medicina, pediatría, psiquiatría, psicología, obstetricia y enfermería podrían ser ejercidas por personas coherentes con su vocación de servicio, no convertidos en tecnócratas ejecutores de normas homicidas por parte de legisladores o de funcionarios que se creyeron idóneos para decidir sobre la vida de otros como lo hizo Eichmann como despachador de trenes.

El jurista  que se busca también haría una gran tarea defendiendo a instituciones sanitarias que quieran ser fieles a su tarea de promoción y respeto de la vida de todos como sentido  misional.  Si no se logra esto, no existe libertad, ni libre empresa, ni siquiera, democracia. Existiría un estado totalitario en el cual la conciencia formada de sus asociados sería atropellada través de órdenes de funcionarios. Ello sería la antítesis de la organización social. El abogado que se busca se podría ocupar de lo recto, de lo justo y de la virtud de entregar a cada quien lo que le pertenece.

Lea también: Holanda y Bélgica ¿olvidaron la lección?