La Cámara Colombiana de la Confección informó que tras 18 reuniones con el Ministerio del Comercio, no han logrado dar solución a la grave situación que atraviesa el sector textil en Colombia.
Un ultimátum, eso fue lo que dio este lunes la Cámara de Colombiana de la Confección (CCC), que tras 18 reuniones con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio y Turismo, no ha hallado una solución a la crisis del sector textil por cuenta del contrabando, la normatividad arancelaria y la falta de créditos bancarios.
El panorama del sector textil no es favorable. Las empresas que han tomado medidas por los problemas en la economía textilera lo han demostrado: Coloreto entró en la Ley 1116, Tenis cesó pagos, Protela despidió más de 150 empleados y ahora Fabricato anunció que cerrará operaciones por 15 días.
Por su parte, el Dane reportó pérdidas de empleo en el último trimestre de más de 50.000 empleos, mientras que la Cámara Colombiana reportó pérdidas de empleos informales por más de 120.000, según lo planteó Enrique Gómez, vicepresidente Cámara Colombiana de la Confección.
Este lunes el gremio textilero fue invitado a una reunión con la ministra de Comercio y Turismo saliente, María Claudia Lacouture, para tratar de nuevo la crisis, que según ella obedece a temas internacionales de toda la región. Los empresarios criticaron el papel de Lacouture por privilegiar el “comercio antes de la industria”.
“Nosotros estamos lanzando el último llamado, llevamos 18 reuniones con el Gobierno, hace seis meses discutiendo que fueron erróneas las políticas del gobierno en este sector y desafortunadamente nos tienen al borde de la quiebra”, expresó Jorge Duque, empresario textil y directivo de la CCC.
Duque explicó que las políticas que han afectado el sector textil en cuanto al tema arancelario son en especial que el Gobierno desmontó el arancel mixto, y la disposición de poner solo el 15 % a las prendas importadas, mientras que se podría poner del 40 %, como máximo. Este porcentaje podría cambiar la situación de inequidad en el mercado de los productos colombianos, según el directivo.
Además puso sobre la mesa problemáticas que afectan a los textileros como el baja posibilidad de acceder a créditos (porque los bancos no quieren invertir en el sector) y el contrabando por la falta de un control efectivo.
“En seis meses inundaron el país con mercancía China, de Bangladesh y de muchos orígenes de dudosa procedencia los dineros en algunos casos, o los importadores legales aprovechando esta puerta del dique que se abrió para poder hacer esta importación de productos. Lo que se está importando realmente es mano de obra de China, India, Pakistán, Bangladesh, de países donde la esclavitud en el trabajo es una realidad”, expresó Duque quien a su tiempo clarificó que se importa mano de obra al comprar una camiseta, por ejemplo, en otro país ya que se estaría comprando la tela con la que la hicieron y también a quien la realizó. La mano de obra es un 40 % del valor de un producto textil.
Gracias a la situación desfavorable la industria textilera 'no tuvo su agosto', mes en el que se hacía la mayor cantidad de pedidos en el año. Ahora, según la CCC las empresas ya hicieron sus pedidos hasta diciembre, lo que los deja sin dicha participación en el mercado.
Ahora se espera que el Gobierno pueda endurecer la normatividad arancelaria, aunque de todas maneras no solucionaría lo perdido en el “agosto”. “Supongamos que se cierre ya el problema y el Gobierno cambie los decretos, ya diciembre no lo cogimos, nos tocará prepararnos para el año entrante, arrancar otra vez el viacrucis”, sostuvo Duque.
Una de las peticiones más importante fue que el Gobierno pida licencia previa cada vez que se vaya a importar, es decir que se conozca de dónde viene, de qué empresa, cómo le llegaron los dineros para el pago, de qué banco salió; de modo que se tenga “una realidad de que cuando alguien vaya a importar haya tenido todos los permisos necesarios”, agregó Duque.
La crisis se debe a que las importaciones ofrecen un precio más atractivo, en el que la relación es de un 40 al 50 % menos y en otros casos hasta del 70 %, evidenciado, según los empresarios, en que hoy las grandes superficies están haciendo descuentos del 50, 60 o 70%.
En el caso de Fabricato, la Cámara de Confección fue enfática en que “lleva perdiendo en el año ya 10.500 millones de pesos y por altruismo cierra 15 dìas y siguen pagando sus nóminas, pero indiscutiblemente los inventarios crecieron y no se está vendiendo, porque se está reemplazando con ropa importada. La preocupación es que vuelva a los tiempos atrás donde estuvo a punto de cerrar, que entró también ley de 141216 y hoy creeríamos que si no se toman medidas fuertes de choque vuelve y pasa igual”, indicó Enrique Goméz.
Además explicó que la situación del sector, que no es tan visible en las pequeñas y medianas empresas, Pymes, es más preocupante, teniendo en cuenta que Fabricato solo representa el 2 % de la producción nacional.
“Creemos que en este momento se pueden estar cerrando cerca del 20% de las empresas del país. Lo que pasa es que no son muy visibles dado que el sector confección tiene más del 90% de empresas informales porque tienen menos de 11 empleados, entonces esto no está en el radar del Dane ni de ningún estudio de Gobierno. Son las primeras que se revientan, las que tienen menos músculo financiero”, subrayó el vicepresidente de la CCC.
Como empresario del sector textil y miembro de la CCC, Jorge Duque indicó que la solución para que las empresas no sigan en caída es una política de Estado. “Alternativas hay muchas, primero que el Gobierno nos cambie los aranceles que empiece a proteger y que haya una Política de Estado. Las políticas de Estado no cambian al vaivén de los acontecimientos, son firmes, como lo tienen los hoteleros, muchas empresas y gremios en el país”.
Además recordó que la acción de las autoridades es crucial. “Hay que darle dientes a la Policía y Fiscalía aduanera, esa gente son 1.500 hombres para un país de 50 millones de habitantes, eso hay que revertirlo, hay que colocar que el gobierno ponga a la armada y es una política de estado que se dedique a perseguir el contrabando, eso es importantísimo”, detalló Duque.