Rodeado de aplausos mediáticos; amparado en una evaluación de la Universidad de los Andes -donde nació el programa- y exhibiendo premisas no demostradas sobre sus virtudes como portón de los mejores bachilleres pobres para entrar a la universidad, el presidente Santos presentó la cuarta etapa del programa Ser Pilo Paga. El coro que se entona siguiendo el discurso oficial del tema ha ocultado importantes análisis que demuestran la falta de una investigación imparcial al programa.

Expertos y connotados universitarios han explicado problemas de cobertura y debilitamiento de la educación pública, mientras se interrogan por la eficacia de Ser pilo paga. Entendemos estos análisis como reclamo por un estudio independiente que aclare alcances, la relación costo-beneficio y el impacto del programa en la creación de oportunidades para los bachilleres.

Lo invitamos a leer: Evaluación de mí para yo

Ser pilo paga es un proyecto de alcance limitado que premia cada año al 2% de bachilleres, escogidos entre los sectores más pobres de la sociedad. La inversión que supera $800.000 millones en el cuatrienio (ver gráfico) no ha garantizado la creación de nuevos cupos en las universidades privadas beneficiarias del programa, mientras que todas las públicas sí han abierto más de 400 nuevos puestos. Significa, pues, que este programa no apunta a resolver el serio déficit de cobertura (calculado en un 50%) de la educación superior en el país, hecho inquietante toda vez que las buenas oportunidades laborales casi siempre exigen un título de la educación terciaria.

Un resultado de Ser pilo paga explicado por los consejos académicos de las universidades Nacional y de Antioquia, y por otros líderes de opinión, es su impacto negativo en la financiación de las universidades públicas, realidad que afecta sus posibilidades de crecer y mejorar para mantenerse acreditadas, las 15 que lo están, o conseguir tal calidad, aquellas 17 que no la alcanzan aún. Ello se explica porque el programa invierte apenas en 40.000 personas, el 22% de los recursos de la educación superior, mientras que el sistema público recibe 78% de los recursos para dar respuesta a más de 600.000 alumnos. El desbalance crece porque a las instituciones estatales llega apenas el 15% de los beneficiarios del crédito condonable, y por cada uno de ellos se pagan $6 millones anuales, mientras que a las universidades privadas llega el 85% de beneficiarios, por cada uno de los cuales se pagan $20 millones anuales, en promedio. Tal desequilibrio impone al sistema público un retroceso artificioso que hace que expertos alerten por un progresivo camino de privatización de la educación superior colombiana.

Le puede interesar: Universidades pilas regionales

Ante sustentadas objeciones de los más reputados académicos y directivos de las universidades públicas, el Gobierno ha intentado una salida improvisada, consistente en ofrecer a los beneficiarios del programa que asume el costo de gastos de admisión y les permite aplazar por un semestre el uso de su crédito-beca, a fin de que puedan participar de los procesos de admisión de las universidades públicas, que son previos a la selección de los beneficiarios del programa. La alternativa no da respuestas sobre las dificultades de esos alumnos para ingresar a las instituciones públicas, su poca disposición a esperar un semestre para avanzar en sus vidas o su resistencia a ingresar a instituciones fuertemente ideologizadas, poco abiertas a la discrepancia y muy afectas a coartar las libertades de expresión y cátedra, como son las universidades estatales colombianas.

Puede interesarle: Las alianzas público-privadas que no queremos

Aunque se ampara en el análisis de la Universidad de los Andes, el Gobierno no ha dado respuesta a las preguntas sobre tasa de matrícula frente al número de estudiantes seleccionados; nivel de deserción y sus causas, así como por la pérdida de materias o semestres por los 32.000 alumnos beneficiarios. Menos aún se ha explicado cómo los alumnos, sus familias y el Gobierno enfrentarán las cuantiosas deudas, que para alumnos de universidades privadas pueden ser $200 millones, que se generan para quienes dejan el programa o bajan su desempeño académico.

Lea también: La calidad como única meta

La apertura de la educación superior a un grupo de alumnos pobres y exitosos en las Pruebas Saber 11 que supuestamente no llegaban a las universidades públicas, siempre abiertas a ellos, avala esta política de mejoramiento de la calidad que seguro sí transforma sus vidas, pero ella no convierte a Ser pilo paga en una estrategia de cobertura, equidad y pertinencia de la educación terciaria. Menos, como se pretende, en la política de educación superior que Colombia necesita.