Si el bienestar del personal hospitalario importara tanto como suena en los aplausos diarios en algunos sectores de las grandes ciudades, los transportadores y vecinos nos los discriminarían y atropellarían; y el Estado habría dado prioridad a financiar los hospitales, ofrecer condiciones de trabajo decente al personal de la salud y vigilaría, no suplicaría, el cumplimiento de las normas de seguridad para la salud física y emocional del quienes se enfrentan a cuidar vidas en grave peligro, contagiarse y, todavía por fortuna no en Colombia, la tragedia de seleccionar pacientes para atender.

En efecto, pasados 45 días de la confirmación del primer contagio por covid-19 en Colombia, las condiciones de vida en comunidad, y las de trabajo de médicos, enfermeros y personal de apoyo en los hospitales y clínicas del país son tanto o más desiguales que las existentes previa la confirmación de la pandemia. En esas condiciones, los médicos, enfermeras y demás asistentes del cuidado hospitalario, tienen que sacar de sus propias fuerzas, su juramento hipocrático y su voluntad de servicio, para dar atención a los pacientes aquejados por un mal desconocido y potencialmente mortífero.

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Explica el médico y profesor de la Universidad de Antioquia que la crisis, de la que apenas escapan algunas instituciones médicas consolidadas, se ha acumulado por años debido al retroceso del Estado de Bienestar, y su promesa de garantía a los derechos humanos en favor del modelo de sociedad de consumo, que en salud se ha traducido en el fortalecimiento de los sectores farmacéutico y de insumos, especialmente el dedicado a enfermedades crónicas o a las “huérfanas”, en detrimento de la salud pública.

La hostilidad del entorno

Prohibiciones para el uso de ascensores y zonas comunes; negativa a prestarles servicios de transporte o alimentación; mensajes de rechazo en áreas comunes de las unidades residenciales, se repiten en urbanizaciones, barrios residenciales e incluso cuando los prestadores de servicios de salud pretenden utilizar transporte público. La solución a las agresiones ha sido, hasta ahora, la de ofrecer al personal de la salud alejarse de los suyos y de su entorno protector, para aislarse en hoteles pagados por el Gobierno. No hay signos de simpatía, campañas educativas o incluso, dado tanto apego al control, amenazas de sanción a quienes ejercen discriminaciones que trascienden de ser odiosas para convertirse en violatorias del artículo 13 de la Constitución, que consagra que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”.

Sin salarios, sin contratos, sin trato digno

Los principios generales sobre el trabajo decente definidos por la OIT son los de estabilidad laboral, ingresos dignos, acceso a la seguridad social y garantías para el diálogo social, o sea para la organización de los trabajadores. Estas mínimas demandas se cumplen en amplios sectores productivos e incluso en algunos garantes de derechos, como las fuerzas armadas, el sistema de educación básica y media o el de servicios públicos domiciliario. No es así en el sistema de salud.

En Antioquia, la IPS Génesis, operadora del hospital Clínica Apartadó entre otras instituciones; el Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, el Hospital San Rafael de Ebéjico, entre aquellos que se han atrevido a denunciar, adeudan más de siete quincenas de salario al personal asistencial que sigue reclamando el pago de sus salarios, así como el cubrimiento de las deudas de estas instituciones por seguridad social. Por encontrarse en esta situación, los médicos del hospital San Rafael, de Leticia, Amazonas -departamento que a la fecha registra cuatro contagios- renunciaron a sus cargos.

Renuncias y ceses parciales de actividades se respaldan en el artículo 6 de la ley 23 de 1981 que es la ley de ética médica según explica el médico Carlos Giraldo, según el cual “el médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión”. No es moral y no es legal imponer jornadas de trabajo a quien no recibe salario por su esfuerzo.

Siendo las de estos, y casos semejantes en el país, las situaciones más dramáticas en materia de irrespeto a las condiciones laborales del personal hospitalario, ellas no son las únicas que desafían los derechos de los trabajadores. De acuerdo con los presidentes del Colegio Médico Colombiano y de la Federación Médica Colombiana, el 80% de las 684.058 personas que realizan actividades de asistencia en salud carece de condiciones de trabajo dignas, pues son “contratados” mediante modelos de contratos de prestación de servicio o de órdenes de trabajo; no son contratados por los hospitales sino por intermediarios laborales, y, en los menos graves de los casos, reciben contratos a término fijo, que les quitan estabilidad laboral y les impiden organizarse como ciudadanos para defender sus derechos y presentar sus puntos.

En esas condiciones de trabajo, los despidos son frecuentes, obedecen al arbitrio de los jefes y niegan la defensa del personal asistencial.

La periodista Ximena Norato denunció que en cuanto inició la cuarentena por coronavirus, las instituciones de salud les cancelaron sus contratos, ni siquiera los suspendieron, a los médicos contratados por prestación de servicios para atender la consulta externa. Otros médicos han sido “sancionados” por las entidades empleadoras, porque han exigido que se les reconozcan salarios atrasados y se les ofrezcan los elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio por covid-19.

Tal circunstancia explica la amplia acogida por personal de la salud a la convocatoria laboral de Emiratos Árabes Unidos para prestar servicios de atención en salud en ese país.

Elementos de protección definidos por la OMS.

La batalla es por la protección

El equipo para la protección personal aprobado por la OMS para ofrecer protección al personal de salud ha sido probado en peligrosas epidemias que han afectado a regiones o países específicos, como el Ébola en el centro del África.

Para Christiane Wiskow y Maren Hopfe, consultoras de la OMS, lo mismo que para los responsables de veinte investigaciones cualitativas revisadas por la epidemióloga Marcela Vélez, la dotación, y su recambio cada vez que el personal entre contacto con pacientes con la covid-19, es el mínimo que se debe ofrecer al personal asistencial, de servicios y administrativo que entra en contacto con esos pacientes.

Si bien algunas instituciones tomaron medidas inmediatas para la protección de su personal, incluyendo el establecimiento de protocolos de actuación para garantizar el mayor cuidado del personal de salud, en la mayoría de hospitales públicos o de mediana capacidad, se viven verdaderas tragedias por la falta de elementos que el personal se ve obligado a adquirir, incurriendo en gastos, promedio de COP 1,5 millones mensuales.

Los diversos tipos de contratación al personal de salud que han sido tolerados por largos años y la desfinanciación crónica de las instituciones de salud, que se intenta paliar con la ley de punto final, derivaron en que la dotación básica para la prestación de los servicios de salud se convirtiera en motivo de tira y afloje entre el personal, los empleadores y el sistema de seguridad social, así como en otra causa por la cual buscar solidaridad de privados con los agentes prestadores de salud.

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De acuerdo con el médico Gustavo Trujillo, de la Secretaría de Salud de Antioquia, la responsabilidad de esta dotación es de “cada entidad empleadora”, a la que concurren las ARL “con recursos propios de las empresas”.

El mandato, sin embargo, encuentra quiebres.

El médico Carlos Giraldo explica que las instituciones hospitalarias eluden su parte de responsabilidad buscando “argumentos para decir que los médicos que tienen contrato de prestación de servicios, o que son agenciados por terceros, que son un grupo muy importante”. Esos terceros, por su parte, no sólo no responden por los salarios sino que desatienden el cuidado básico de la prestación del servicio.

De acuerdo con el médico Giraldo, el personal hospitalario reconoció, en estudio realizado entre el 21 de marzo y el 3 de abril, que hay miedo, pues los elementos de seguridad no han llegado: “el 93% dijo no recibir traje de seguridad, el 88% carece de mascarillas N95 y el 78% de gafas de seguridad”.

Conocidas las debilidades en la garantía de elementos de salud y seguridad en el trabajo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 488 de marzo del 2020, por medio del cual responsabiliza a las ARL de hacerse cargo de la entrega de los equipos de protección personal para los 985.831 trabajadores hospitalarios de las áreas de asistencia, administración y apoyo. En debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, el presidente del gremio, Miguel Gómez Martínez, aceptó que las ARL no han entregado la dotación y rechazó deber hacerlo, dado que esta tendría un costo mensual de $430.000 millones.

La carencia de elementos apropiados para la protección ha disparado el contagio de personal hospitalario en el mundo. Al 21 de abril, Colombia sumaba cuatro médicos fallecidos por covid-19 y 169 prestadores de servicios hospitalarios contagiados por ese virus. Ante las tragedias de países en los que médicos con altísimo riesgo, por sus enfermedades de base o por su edad, han sido llamados de nuevo a los hospitales, en el país se han desarrollado distintas campañas solidarias para obtener y entregar dotaciones al personal hospitalario.

Precios disparados, en la lógica del mercado

Los precios de la protección son una barrera para el mejor cuidado del personal de salud, según reconocieron voceros de la OMS, que han indicado que en los cuatro meses de expansión de la pandemia, los insumos, pruebas, respiradores y otros elementos de su atención han visto sextuplicar su precio.

El personal hospitalario que ha decidido asumir su propia dotación se ha encontrado con que debe invertir más o menos COP 1,5 millones mensuales para la compra de la bata desechable antifluidos, cuyo costo en el mercado hoy asciende a COP 95.000; los tapabocas N95, de los cuales cada unidad tiene un valor de COP 20.000, y las careta o gafas protectoras, que se consiguen desde COP 25.000, según investigó la periodista Norato. A estos componentes se agregan los guantes no estériles, que deben ser cambiados tras cada procedimiento y tienen un costo de COP 950 el par, si se consiguen en el mercado nacional.

El médico Giraldo explica que “hay una intensificación de la demanda que los más optimistas ubican entre el 40% y el 50%; de ello se derivan comportamientos de especulación y acaparamiento tanto a nivel nacional como internacional que contiene tres condicionamientos: el pago de contado, el mejor postor y el plazo de entrega; entre más menguado el hospital, menos posibilidad tiene de responder a estos condicionamientos”,

Esas dificultades son las que se intentan suplir mediante acciones supletorias, como la desplegada por la Gobernación de Antioquia o la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia -que adquirió elementos de dotación para la IPS universitaria- o incluso las solidarias que hoy se reclaman en campañas nacionales y regionales.

Las necesidades de equipo de protección personal, según la OMS

Los silencios que ocultan deberes importantes

Las discusiones por el maltrato de la ciudadanía; la negligencia de empleadores para cumplir sus obligaciones salariales, acompañada del silencio del Ministerio de Trabajo para exigirlas, y las dificultades para el acceso a los elementos de protección personal, han aplazado decisiones tan importantes como la dotación del personal hospitalario, y que son recomendadas por investigadores internacionales referenciados en el estudio que adelantan profesores de la Universidad de Antioquia y por la OIT.

Tener protocolos internos para la actuación frente a personas que parecen o se encuentran contagiadas es una necesidad reconocida por los expertos, que instituciones de cuarto nivel ya han formalizado e incluso presentado y compartido a sus grupos de trabajo. Ello, sin embargo, no es suficiente, pues, según las veinte investigaciones comparadas, las instituciones deberían ofrecer capacitaciones a su personal y garantizar que la información sea clara para todos, de manear que sea aprehendida y cumplida, en las distintas responsabilidades que se asumen.

“Tenemos todos los elementos de protección, tenemos contrato estable, pero el trabajo es mucho”, refiere un personal de enfermería que trabaja en una de las instituciones de salud con mayor reconocimiento en Antioquia. Su análisis reconoce que uno de los elementos de seguridad de las personas que trabajan en salud

El reconocimiento de que las responsabilidades laborales se acrecientan al atender los protocolos de seguridad, indica el equipo de investigadores de la Universidad de Antioquia, y en ello coincide con la OIT, debería llevar a las instituciones de salud a preguntarse si necesita reforzar, y preparar, a más personas para que ofrezcan apoyo a las responsabilidades de atención en salud dentro de las instituciones.

A las necesidades reconocidas en veinte investigaciones cualitativas internacionales que estudiaron los epidemiólogos de la Universidad de Antioquia, la OIT ha agregado la de la preparación de las instituciones de salud para que ofrezcan apoyo al personal hospitalario en salud emocional y mental, toda vez que se ve expuesto a condiciones de estrés y, como señala el profesor Carlos Giraldo, a su propio miedo, “por la ausencia de elementos y medidas de protección” para la crisis.

Aunque los aplauden y les dicen héroes, los médicos sienten, como explica el profesor Giraldo, que “hasta no hace mucho tiempo la sociedad tenía una consideración especial por el médico en tanto desarrollaba una actividad meritoria y era modelo de entrega, servicio y solidaridad, ahora en los tiempos del sálvense quien pueda y de pandemia lo han convertido en un fantasma, en una amenaza, lo que habla mal de esta sociedad”.