El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló este jueves el proceso para la designación de magistrados que lleva a cabo la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), de mayoría opositora, un día antes de que los diputados juramenten a 33 jueces para sustituir a otros que considera ilegítimos. La Sala Constitucional del máximo juzgado "declara la nulidad por inconstitucionalidad" de dicho proceso "por afectación directa de interés colectivo y difuso debido a los efectos de este proceso y de todos los actos dictados con ocasión del mismo" por la Cámara, reza la sentencia.

El Supremo indicó que con este proceso "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de Magistrados" y advierte de "consecuencias jurídicas".

Reitera también que la Cámara fue declarada en desacato por el Poder Judicial, por lo que "todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica". Según la oposición venezolana y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, 33 jueces del Supremo que fueron designados en diciembre de 2015, días antes de que el chavismo perdiera el control del Legislativo, son ilegítimos por irregularidades cometidas durante el proceso de selección.

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Ortega Díaz ha impugnado a estos 33 magistrados y ha dicho incluso que uno de ellos, actual integrante de la Sala Constitucional, no fue evaluado por el Consejo Moral Republicano sino designado deliberadamente por el Parlamento, cuando el chavista Diosdado Cabello lo presidía.

La mayoría opositora aprobó el martes el informe final sobre la designación de estos magistrados y acordó tomar juramento de los seleccionados este viernes.

Esta medida es parte de la "fase superior" de presión de la oposición contra el Gobierno que inició el pasado domingo con una consulta popular en la que participaron 7,5 millones de personas, según los organizadores.

En esa consulta el 98% de los votantes rechazó el cambio de Constitución que promueve el Ejecutivo, pidió a la fuerza armada acatar al Parlamento, y aprobó renovar los poderes públicos, así como llamar a elecciones e instaurar un gobierno de transición.