El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) condenó a quince meses de cárcel y declaró la inhabilitación política del alcalde opositor David Smolansky, quien dirige el municipio El Hatillo de Caracas, por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en ese sector.

"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que la integran, declaró el desacato por parte del ciudadano David Smolansky", informó el Supremo tras una audiencia de más de cuatro horas celebrada en ausencia del edil.

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Con esta decisión, Smolansky cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde y "se declara su falta absoluta", así como también se declaró su inhabilitación política.

La corte suprema indicó que Smolansky, de la formación Voluntad Popular, quedará a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede de este mismo órgano.

El destituido alcalde, que aún no ha sido detenido, "permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión", precisó la sentencia leída por el magistrado Juan José Mendoza.

Una vez que sea aprehendido, quedará a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede del mencionado organismo, en Caracas.

"Permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión", precisó el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional, al dar lectura al dispositivo de la sentencia.

Las autoridades desconocen el paradero de Smolansky, por lo que decidieron mantener la medida de prohibición de salida del país e instruyó al Sebin proceder a la tramitación de la orden de alerta roja de Interpol.

El Hatillo es un feudo de los opositores en el que se han desarrollado varias trancas y protestas antigubernamentales que han acabado con enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado que han dejado, en todo el país, más de 120 muertes. 

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El Supremo ordenó en junio a trece alcaldes y al gobernador del estado Miranda, el también opositor Henrique Capriles, realizar todas las acciones necesarias para evitar el bloqueo de las vías y les advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.

En las últimas dos semanas el TSJ ha citado a seis alcaldes y sólo uno, el gobernante del municipio Palavecino en el estado Lara, José Antonio Barrera, no fue condenado a prisión.