Después de la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2018, el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, alertó a los más de dos millones de ahorradores y al país sobre la pretensión gubernamental de descapitalizar la entidad en 400.000 millones de pesos. Si bien el Presupuesto aún debe sortear varios debates en el Congreso de la República, el llamado resulta oportuno para que el país, y muy especialmente los trabajadores que han consignado allí sus cesantías con la ilusión de obtener su vivienda propia, estén vigilantes sobre las acciones de un Gobierno y un ministro de Hacienda que ya no ocultan su afán por tapar, como sea, el hueco fiscal.

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Según el propio Posada, en más de 50 años de historia del FNA esta es la primera vez que un ministro de Hacienda se propone poner las manos sobre los ahorros de sus afiliados, lo que dibuja claramente el talante de una Administración que, no contenta con haber desinvertido en Isagen, ahora pretende entrar a saco a tomar los recursos que constituyen el ahorro de la gente, gracias a los cuales, en 2016, la entidad pudo aprobar 49.401 solicitudes de crédito de vivienda por un valor superior a los 3.000 millones de pesos.

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La pretensión es inadmisible si se tiene en cuenta que el Gobierno nunca ha puesto recursos en el Fondo que, por mandato legal, no tiene ánimo de lucro ni reparte ganancias, por lo que sus excedentes financieros solo se pueden invertir en el desarrollo de su objeto, el cual es otorgar crédito de vivienda a sus afiliados. Además, también por mandato legal y con sentencia constitucional como respaldo, su objeto es ajeno al de las empresas administradoras de fondos de cesantías y pensiones.

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Resulta lamentable, pues, que tras varios años de intensas campañas publicitarias encaminadas a ganar la confianza de ciudadanos por fuera del ámbito del sector público, venga ahora el Gobierno a poner sus manos sobre los recursos del Fondo Nacional del Ahorro con la promesa poco verosímil de que va a devolverlos. ¿De dónde va a sacar los recursos si lo que va a hacer es abrir un hueco para tapar otro? ¿Van los congresistas a cargar con la responsabilidad política de aprobar semejante mico dentro del Presupuesto General? ¿Qué control fiscal va a hacer la Contraloría? ¿Cómo se van a salvaguardar los bienes de la gente que ha entregado los ahorros de toda su vida al Fondo?

Más allá del pésimo ejemplo de dilapidar los ahorros ajenos mientras se predica que las cesantías no son para gastos insustanciales, es claro que la Administración Santos está lista para dejarle a su sucesor un déficit desbordado en un escenario de inexistente capacidad estructural para aliviarla.