A consecuencia de la “profunda crisis financiera que sufren las universidades públicas del país”, los estudiantes evalúan un paro indefinido, a partir del 10 de octubre, esa es una idea que está calando entre los representantes de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), según Alejandro Palacio, alumno de pregrado de la Universidad Nacional, sede de Medellín, e integrante del CSU (Consejo Superior Universitario). 

Entretanto, los maestros de las universidades públicas del país se quejaron porque dicen “desconocer si el Ministerio de Educación está haciendo gestión o planteando propuestas de solución inmediatas o a mediano plazo frente al déficit registrado por las universidades públicas”, así dice en un comunicado de la Mesa Nacional de Diálogo y Concertación por la Educación Superior Pública.

También, profesores de varias universidades públicas anunciaron su disposición de iniciar una huelga de hambre indefinida, si no se definen por parte del Gobierno medidas estructurales para superar esta crisis.

Igualmente, los 32 rectores de las universidades públicas del país solicitaron que el proyecto de Ley 052 de 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado, por el cual se fija el presupuesto de la nación para el 2019, "no debe ser aprobado", porque denuncian que “no se contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables” en la educación superior pública en Colombia el próximo año.

Además, denuncian los rectores que ese proyecto de presupuesto sólo contempla el ajuste por concepto del IPC (Índice de Precios al Consumidor ), por tanto, los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas.

Lea también: Diálogo para no seguir padeciendo desfinanciación en la U. pública 

Ese es el panorama actual tras un poco más de tres semanas en la llamada Campaña en Defensa de la Universidad Pública en Colombia o #SOSUniversidadesPúblicas.

La crisis prospera

Partiendo de la base de que existe un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y 15 billones de inversión, no hay satisfacción total entre los miembros de la universidad pública con el anunció de una adición presupuestal de $500.000 millones para, el cual se contempló en la Comisión Tercera del Senado de la República esta semana.

Es más, algunos congresistas de la oposición anunciaron que presentarán una proposición en el debate de presupuesto para que el incremento que se piensa hacer en el sector Defensa se reasigne para cubrir el déficit de las universidades públicas, y aunque la iniciativa fue respaldada por rectores, profesores y representantes de estudiantes estatales, lo cierto es que “esta adición presupuestal no resuelve los problemas estructurales de las universidades públicas”, declaró Jairo Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal y rector de la Universidad de Córdoba.

No obstante, estudiantes, maestros y directivos continúan trabajando en otras acciones a mediano plazo que le den respiro a esta crisis, entre ellas el presentar un proyecto de ley con el fin de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, según contó Ramón Javier Mesa, vicerrector Administrativa de la Universidad de Antioquia. 

Las movilizaciones continúan

Después de la marcha de estudiantes y profesores universitarios del 2 de octubre, se prepara la movilización del 10 de este mes, que tendrá dos momentos, una marcha en las ciudades capitales, con apoyo en algunos lugares de representantes de universidades privadas también, y la Gran Toma a Bogotá, para la que muchos estudiantes del país ya preparan maletas.

“La idea es ir a pararnos a la puerta del Congreso para manifestar nuestra desaprobación por el actual proyecto de Presupuesto General de la Nación sin incluir adición alguna para la Educación Superior Pública”, manifestó Javier Ruiz, representante estudiantil en la Unal Medellín.

Le puede interesar: En Asambleas Permanentes de las U. públicas se cocina un paro nacional

Por su parte, Fernando Orozco, representante profesoral ante el Consejo de Sede de esa misma universidad, detalló que los maestros también pedirán, en esa marcha, al gobierno respetar la Carta Magna en la que se concibe la educación como un derecho de la persona.

También, cada uno, maestros y estudiantes de las universidades públicas harán entrega simbólica, una vez más, del pliego de peticiones al Gobierno Nacional. 

Finalmente, cabe destacar que los docentes invitaron a la manifestación del 10 de octubre a empleados, trabajadores y a la comunidad colombiana en general, por que “la U. Pública nos mueve a todos”.

Qué piden los estudiantes

1. Incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES) del país.
2. Reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en 0%, condonación para los estudiantes de Ser Pilo Paga.
3. Congelamiento en las matrículas.
4. Aumento presupuestal a Colciencias de un 100%, con base en el del 2018. 
5. Plan de pago para la deuda histórica que tiene el Estado de $17 billones para que el déficit se salde en los próximo 10 años.
6. Rechazo a la forma cómo se constituye y aplica el Sistema Nacional de Educación Terciaria.
7. Derogación de la ley 1911 de 2018 sobre la financiación contingente al ingreso.
8. No condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación.
9. Derogar Ley 1714 sobre inspección y vigilancia a las universidades públicas y privadas, ya que afecta la autonomía de la institución.
10. Respeto y garantías para las movilizaciones.

Qué piden los maestros

En el corto plazo:

1. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, de tal forma que se incremente en 8 puntos los recursos asignados a partir del IPC o se determine un porcentaje de incremento a partir del PIB, para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior acorde a sus funciones misionales.
2. Adición presupuestal inmediata con recursos frescos para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas y poder culminar con normalidad las obligaciones de las universidades a diciembre de 2018.
3. Destinación, a las universidades públicas, de la totalidad de los recursos que hoy se dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al Icetex.
4. Reversar, a través de las medidas que resulten pertinentes, los efectos regresivos de la Reforma tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios. 
5. Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que apunten al mejoramiento de las condiciones laborales y prestacionales de los docentes, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
6. Destinación de recursos por parte de los gobiernos territoriales que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las universidades públicas, en favor de las localidades y regiones que se benefician directamente de los propósitos que cumplen dichas instituciones de educación superior.
7. Recuperar los recursos del anterior impuesto sobre la renta para la equidad (Cree), que en principio se destinarían a la educación superior y finalmente fueron dirigidos al Icetex y a programas como Ser Pilo Paga.
8. Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, en virtud de sus graves efectos en los procesos de acreditación institucional de las universidades públicas que perderán, en relación con las instituciones privadas, su capacidad para ofrecer programas pertinentes y de calidad.

En el mediano plazo:

1. Impulsar cambios estructurales a la política educativa de tal forma que se garantice el financiamiento a la oferta y no a la demanda, hasta lograr el acceso a educación superior de alta calidad cuyos costos en su totalidad sean asumidos por el Estado.
2. Revertir iniciativas contenidas en el “Acuerdo por lo superior 2034”, en lo atinente a educación terciaria y adopción de exigencias emanadas de la Ocde y demás organismos internacionales que afectan la libre autodeterminación y postergan las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de bienestar a partir de la educación superior de alta calidad.
3. Apropiar el presupuesto requerido para nueva infraestructura universitaria y reforzamientos estructurales a edificaciones que amenazan ruina por su franco deterioro.