Convocar a elecciones presidenciales de manera anticipada fue el golpe de gracia a la democracia venezolana propinado por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario mediante el cual los adeptos al presidente Nicolás Maduro se han dedicado a hacer lo que les viene en gana, pisoteando la Constitución y la institucionalidad cada vez con mayor desparpajo y ante la mirada atónita de una comunidad internacional que, si bien al menos ha comenzado a dictar sanciones contra el Gobierno bolivariano, se mantiene en la posición de verbalizar su rechazo ante la cada vez más inocultable catástrofe política, económica y humanitaria que vive nuestro vecino.

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Es de tal gravedad el nuevo escenario al que Maduro quiere conducir a su pueblo, que  la hora de las declaraciones de rechazo debería quedar atrás para dar paso a una intervención directa, en principio del llamado Grupo de Lima, la coalición de doce naciones a la que acompaña eventualmente Estados Unidos, que ante el bloqueo de varios de los países caribeños a la actuación de la OEA se ha dedicado a recaudar juiciosamente todas las pruebas necesarias para deponer al dictador antes de que se produzca, como estamos seguros que pasará tras las espurias elecciones anticipadas, la entronización definitiva y formal de una dictadura, figura que hasta ahora ha sido maquillada con frecuentes procesos electorales cada vez más carentes de garantías para la oposición y sin ninguna verificación internacional e independiente.

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Coincidimos con el Grupo de Lima en que esta convocatoria a instancias de una Asamblea Constituyente calificada de ilegítima por numerosos países, “imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles” y “contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el Gobierno y la oposición”, diálogo que, por cierto, quedó herido de muerte luego de que, como reacción al anuncio, renunciara como garante de la mesa de República Dominicana el canciller mexicano Luis Videgaray.

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El grupo de los doce latinoamericanos, Estados Unidos, Guyana y Santa Lucía que se unieron a la declaración de este martes, y los países europeos que confirmaron esta semana las sanciones contra dirigentes del madurismo, debe activar todos los mecanismos a su disposición ante la inminente instauración de la dictadura. Colombia debería ser un líder natural en esta iniciativa, pues la situación venezolana nos afecta directamente y nos interpela a actuar en tanto somos testigos de primera mano de lo que allí sucede mientras en otros países aún existen dudas del caos y la degradación reinantes. Aunque el presidente Santos guardó un silencio interesado mientras negociaba el acuerdo de La Habana con la guerrilla de las Farc, ese silencio se hace cada día más cómplice. Es hora de actuar, antes del 4 de marzo, día posible de las espurias elecciones presidenciales en el país hermano.

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Casi tan desastroso como el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente es la falta de unión y de liderazgo de la oposición venezolana, que afronta el desafío electoral sin un consenso frente a cuál debe ser su papel, si el de encontrar un candidato único que dé la pelea en las urnas ante la maquinaria oficialista, o si el de no presentarse y luchar por la anulación de la ilegítima convocatoria cuyo resultado se conoce de antemano. Ante los embates sufridos por los partidos de oposición, ante el sometimiento del que ha sido objeto el pueblo para quitarle gradualmente sus derechos y libertades, las urnas han quedado reducidas a instrumento para la adulteración de la voluntad popular, primero en las elecciones regionales y luego en las municipales. Pero en este momento, aun en esas circunstancias, la oposición debe ser consciente de que está ante su última oportunidad para que la esperanza de que la democracia regrese al país no se desvanezca por completo.

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La acción de la comunidad internacional que reclamamos debe encontrar como soporte una alternativa interna que permita, verdaderamente, reconstruir el país. Y  esa alternativa la debe dar la oposición.

Comentarios:

Carlos Mauricio
2018-01-25 12:31:41

Santos es cómplice de la dictadura; además, la debacle inició desde que Chávez se instauró en el poder, desbancando la ya frágil democracia de los hermanos venezolanos. Esto debe servirnos de espejo a los colombianos y las colombianas para que en las próximas elecciones por ningún motivo elijamos a los candidatos de la izquierda, y mucho menos a los candidatos de las FARC, esto debe ser una lección aprendida y grabada en lo más profundo de nuestros corazones y entendimiento, ya que a nuestra amada Colombia le ha costado sangre todas las aberraciones cometidas por los terroristas de las FARC, y que han apoyados en los últimos ocho años por este gobierno débil y cómplice de tales abominaciones, las cuales se evidenciaron al reconocerles estatus político sin haber pasado por la justicia.

Edgar
2018-01-25 07:26:38

Pero qué esperanzas tenemos de que el señor Santos y su pusilánime canciller digan ó, mucho menos, hagan algo por ayudar al sufrido pueblo venezolano en estas horas amargas. Al fin de cuentas el régimen de Maduro es cómplice de los famosos terroristas farianos, amigos de Santos. Y en la oposición venezolana parece que es difícil desmontar grandes egos que les impide ponerse de acuerdo en un único candidato. Ahí van estúpida e irremediablemente al abismo.

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