Puede ser duro decirlo, pero, en cumplimiento de su función constitucional, un Ejército puede y debe enfrentar —y hasta dar de baja— a cualquiera que pretenda subvertir el orden, siempre que esté bien armado y constituya un peligro real. El Derecho Internacional Humanitario no hace distinción de edad, pues si no se pudiera combatir al enemigo por el mero hecho de no tener aún la mayoría de edad, la estrategia para ganar cualquier confrontación sería la de armar a menores que no podrían ser repelidos y ante quienes, por tanto, tocaría rendirse, sometiéndose a sus designios o a los de sus jefes.

En Colombia, los grupos criminales han tenido como estrategia de rápido crecimiento el reclutamiento de niños, siendo las Farc quienes más han reclutado. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 16.879 menores de edad reclutados entre 1960 y 2016 por parte de todos los actores del mal llamado «conflicto armado colombiano». Por su parte, la ONG Save The Children dijo en un informe de este año, que los reclutados entre 1985 y 2019 alcanzan la cifra de 7.398 menores, un cálculo muy cercano a los 7.681 niños que aparecen en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, esas cifras parecen quedarse cortas ante las versiones que denuncian el reclutamiento de 15.000 menores en la frontera con Venezuela solo en el último año, por parte del Eln y las Farc.

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En verdad, nunca sabremos con certeza cuántos niños han sido víctimas de este execrable delito, pero mucho menos sabremos cuántos han fallecido, tal vez miles, incluyendo los muertos en combate. Entendamos que, para las Farc, estos menores no han sido más que carne de cañón a los que han puesto en primera de línea de combate y escarnecido de las peores maneras, no solo sometiendo a las niñas a la esclavitud sexual y el aborto, sino torturándolos y fusilándolos por cualquier cosa, sea por Intentos de fuga, por sospecha de espionaje o por desobediencia de cualquier tipo.

Por ejemplo, la cruel guerrillera alias ‘Karina’, comandante del sanguinario frente 47 de las Farc, confesó haber fusilado a 38 niños de la vereda Santa Rosa, del municipio de Nariño, departamento de Antioquia —un pueblito que hoy tiene 17.000 habitantes—, por incumplir órdenes en un combate. Y no son los únicos, a ella se le han imputado muchos fusilamientos más.

Otro caso. La Justicia Especial para la Paz encontró en computadores del Bloque Oriental de las Farc, 286 registros de personas que ingresaron al grupo armado siendo menores de edad, de los cuales 60 fueron fusilados por supuestas infracciones a los reglamentos de la guerrilla. También encontraron que la Columna Móvil Arturo Ruiz, creada durante las negociaciones de paz del Caguán, y conformada en gran parte por menores, tuvo 94 bajas en un mes de enfrentamientos con la Fuerza Pública, de las cuales 19 eran menores de edad; pero también hubo 51 niños y niñas de esa columna, de entre 12 y 17 años, que sobrevivieron luego de que fueron capturados o se rindieron. De hecho, en la era de la Seguridad Democrática se privilegiaron las desmovilizaciones individuales de menores, dándose el pico entre el 2003 y el 2005, cuando se desmovilizaron 2.861 menores.

En síntesis, la muerte de cualquier menor, en estas condiciones, es deplorable, pero no es culpa del Estado sino de quien lo secuestra para convertirlo en un arma de guerra. Y han muerto muchos —tal vez miles— sin que a los Roy Barreras les importe un comino. Venir a hacer un escándalo ahora, como si fuera la primera vez, solo por el afán de tumbar a un ministro y propinarle un duro golpe a un gobierno que tiene a los congresistas corruptos sufriendo el síndrome de abstinencia es de rufianes y canallas.

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Pero el pútrido Barreras no solo quiso castigar al Gobierno por no darles mermelada a rodos, como estaban acostumbrados, no. Tras esto se ve la mano larga de Santos y las Farc para quitarles a las Fuerzas Armadas la ventaja militar de los bombardeos aéreos. Ya cayó un ministro y el general Nicacio Martínez afirmó que de saber que había menores, no se habría bombardeado el campamento. Craso error. ¿Ahora algún piloto se atreverá a bombardear con la incertidumbre de perder su trabajo o su libertad? No falta si no que, por el riesgo de dar de baja a menores, se prohíban los combates terrestres también y volvamos al megáfono que se usó, en 2003, en el rescate del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri con los resultados conocidos. Quedaremos como en el Cauca, en manos de bandidos porque los indígenas no aceptan a las fuerzas legítimamente constituidas. Enfrentando fusiles con bastones… ¡Vivir para ver!

EN EL TINTERO: El único que dio un golpe de Estado en Bolivia fue Evo Morales al desconocer el plebiscito de 2016 que le prohibió volver a presentarse para un nuevo mandato. ¿Y cuándo le quitarán los militares venezolanos el apoyo a Maduro?

Comentarios:

Fernando
2019-11-13 12:01:14

Pa conservadores, los liberales de Rionegro. Enmarquelo.

Edgar
2019-11-13 10:33:30

Sólo el primer párrafo, que resume exitosamente el quid del asunto, es para enmarcar: "La muerte de cualquier menor en un bombardeo es deplorable, pero no es culpa del Estado sino de quien lo secuestra para convertirlo en un arma de guerra."

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