Durante mis tres periodos como senador de la República (2006/2018) ejercí la presidencia de la comisión de seguimiento a la ley de víctimas y restitución de tierras entre los años 2014 y 2018. Nuestro objetivo principal fue seguir de cerca la aplicación de la ley y contribuir a que las acciones de implementación del gobierno y de los entes territoriales, respondieran de manera efectiva al reconocimiento de los derechos de las víctimas.

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De acuerdo con esta experiencia, al extenso recorrido por el territorio nacional y al arduo trabajo en conjunto con la mesa nacional de víctimas y su presidente Odorico Guerra, me parece provocador por inoportuno e innecesario, el nombramiento de Jorge Tovar, hijo del paramilitar "Jorge 40", en la coordinación de la oficina de víctimas del Ministerio del Interior. Si bien en Colombia no existen los delitos de sangre, dado que la responsabilidad penal por los crímenes es personal, esta no es razón suficiente para justificar esta clase de designaciones.

El cargo de coordinador es muy importante por su dimensión simbólica, ya que funge como representante de las víctimas dentro del Gobierno Nacional. Su función es trabajar interinstitucionalmente con el fin de coordinar las acciones del Ministerio citado hacia esta población. No es comprensible que su ahora coordinador, sostenga que su padre es un “preso político”; es decir un altruista perseguido por el sistema quien, si bien se desmovilizó, ha incumplido sistemáticamente con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para sus víctimas.

Para que su designación se justifique con un fin reconciliador, el señor Tovar debe reconocer la responsabilidad que corresponde, con garantía de no repetición, de tal forma que la concordia y la paz persistan en el imaginario colectivo. De lo contrario habría un gran riesgo de revictimización hacia las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado de nuestro país, en particular las del bloque norte paramilitar. Como víctima directa del paramilitarismo, no siento garantías en un nombramiento que lejos de enviar un mensaje de reconciliación, envía desde el gobierno una señal de arrogante revictimización.

Tuve la oportunidad de reunirme con el hijo de uno de los asesinos de mi padre. Lo hice después de recibir una carta junto a mis hermanos y a los hijos de Rodrigo Lara Bonilla, en la que Sebastián Marroquín o Juan Pablo Escobar, nos expresaba un reconocimiento sincero de los crímenes cometidos por su padre Pablo Escobar. En el encuentro presencial, me dijo tres cosas reparadoras y fundamentales para mí. En primer lugar, reconoció la autoría de su padre en el asesinato del mío. En segundo lugar, reconoció la esperanza que perdió Colombia, para que se abriera camino una nueva sociedad. Finalmente, nos pidió perdón, en nombre de su padre, por acabar con la vida del nuestro. Lo entendí y lo sentí como un acto sincero, reparador y de reconciliación.

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El señor Tovar, si es sincero en sus intenciones de trabajar por las víctimas, debería empezar por reconocer los crímenes de su padre, no negarlos, ni mucho menos pretender disfrazarlos con el falaz argumento de “persecución política de la justicia”, que sistemáticamente han esgrimido uribistas condenados por la justicia colombiana.