La alcaldesa debería ser consciente de esta situación. Ojalá llegue a este convencimiento. Una candidatura presidencial no se forja sobre el rompimiento de la unidad del país. Y no se forja con un desastre.
Son millones de personas que, probablemente, se convertirán en una bomba social de incalculables consecuencias si el cierre de la economía en los sectores no esenciales se prolonga de
El país, bajo la guía del gobierno, marcha hacia un levantamiento inteligente de la cuarentena, que balancee las medidas de protección de la vida de los ciudadanos con la necesidad de reactivar de manera paulatina la economía.
En este marco, la alcaldesa de Bogotá no ha parado de decir cosas que suenan bien –por ahora- a la galería, pero que carecen de total sindéresis y lógica. El 22 de abril, dijo que la cuarentena en Bogotá se mantendrá hasta que aparezca la vacuna, porque ella va a proteger a los ocho millones de bogotanos, en particular a “sus” pobres. Hasta ahora, no ha reversado su declaración y por eso, voy a escribir sobre el tema, a pesar de que hay otros asuntos importantes en la agenda nacional. Y lo hago por el revestimiento ideológico que tiene y por las repercusiones sociales que puede implicar.
Alcaldesa, en serio ¿hasta cuando exista la vacuna? Ya se ha dicho en todos los tonos por autoridades y expertos internacionales y nacionales, que, en un escenario optimista, ésta estará disponible en seis meses; en uno, moderado, en un año; y en uno pesimista, en año y medio. Esto quiere decir, que, si de ella dependiera, la cuarentena se mantendría en Bogotá hasta finales de octubre de este año; pero si las cosas van como parecen estar evolucionando, mantendría el aislamiento hasta finales de abril u octubre del 2021.
Pues bien ¿cómo va a asistir a “sus” pobres cuando las arcas del estado central y las del distrito capital estén vacías y su capacidad de endeudamiento haya llegado al tope? ¿De verdad cree que los recursos del sector público son infinitos? Si la producción no comienza a reactivarse con todas las precauciones necesarias, millones de personas en Bogotá agudizarán la ya desesperada situación que actualmente viven porque sus empleos, unos formales, muchos; pero otros informales, la mayoría, habrán desaparecido y la capacidad de bienestar del estado colapsado.
Entiendo perfectamente que, en la mentalidad de algunos dirigentes de izquierda, el estado providencia extremo, en el que este lo subsidia todo, es la panacea. Pero la experiencia nos ha enseñado que tiene el costo archiconocido de que la dependencia de los ciudadanos a la maquinaria gobernante es tal, que su supervivencia dependa de la bolsa de mercado que le entregan a cambio de respaldo irrestricto y total.
De hecho, es el mecanismo de control perfecto, en los países del socialismo del Siglo XXI, cuando el sistema productivo privado todavía no ha sido destruido y el público, saqueado. Porque cuando esto ocurre, después de una orgía de nacionalizaciones y de pillaje de cuello rojo, cada vez hay menos que entregar y, eventualmente, deviene la catástrofe, que es lo que se ve en Venezuela, donde a la destrucción de la economía y el robo sistemático de los recursos del estado, se está sumando una pandemia que no tiene color político, ni puede amaestrase con bolsas Clap, ni con insultos al vecino. Esto, para no mirar a Cuba, que vive de la caridad de sus aliados y de la exportación de médicos explotados hasta lo inimaginable.
Así las cosas, mantener detenido el aparato productivo por hasta, mínimo seis meses, es negarle el sustento a los más vulnerables: los millones de trabajadores informales y los empleados y propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Toda una paradoja moral y política.
De hecho, también es un imposible fáctico. Como ya lo han advertido muchos, en la medida que los recursos se agoten y el hambre apriete (sobre todo después de consumir los refrigerios que se hacen pasar por mercados, como denunció el concejal Galán que hace la Alcaldía), los trabajadores –y sus familias- de las decenas de miles de empresas manufactureras de Bogotá, se derrumbaran.
La decisión del gobierno sobre la apertura paulatina de sectores productivos está calculada a partir de variables específicas, consultando a los expertos y estudiando las experiencias nacionales internacionales.
Y comprendo que los protocolos para abrir los sectores de la construcción y las confecciones, que ahora se proponen, son exigentes, de manera que su cumplimento por parte de las empresas no es automático, sino que exigen un tiempo razonable para comenzar a funcionar y verificar. Pero este ha de superar la paradoja de que haya tantas solicitudes que sea imposible atenderlas en dicho lapso, pues de no ser así, causarían el efecto contrario. Seguro que debe haber procedimientos estipulados.
Pero la conducta de la alcaldesa obedece a razones distintas. Las solicitudes para reiniciar la producción de 8 sectores de las empresas manufactureras y de la construcción, tardarán meses, si no años, en ser estudiadas para su aprobación, según se deduce de las declaraciones de López. Sólo el martes 28 de abril comenzó el registro de las empresas (autorizado por el Gobierno Nacional desde el 21), que, además de cumplir con los protocolos de bioseguridad, deberán satisfacer el de movilidad segura. Eso gastará dos semanas, hasta el 12 de mayo. Y luego, “Ninguna empresa o construcción podrá empezar a trabajar sin autorización expresa de la Alcaldía y su reactivación será gradual. Luego del registro, viene una etapa de verificación para la posterior autorización por parte de la Alcaldía. Sin la verificación de los protocolos no habrá permiso para operar” (http://www.bosa.gov.co/noticias/este-27-abril-inicia-registro-empresas-construccion-y-manufactura-su-reapertura-gradual). Hasta el momento, no ha dicho públicamente cómo será el procedimiento de verificación. Y que yo sepa, no hay todavía empresas autorizadas.
Si la verificación no se acelera, los trabajadores estarán entre las primeras víctimas de su presunta estrategia, porque no podrán resistir su penuria. Y a estos, súmesele los dueños y empleados de restaurantes, bares, peluquerías, comercios pequeños al detal, etc., que han tenido sus negocios cerrados ya por más de 2 meses; y los millones que viven de las ventas ambulantes y otro tipo de rebusque en las calles o los sin techo, además de los venezolanos que no han podido todavía acomodarse a la situación de la pandemia. Son millones de personas que, probablemente, se convertirán en una bomba social de incalculables consecuencias si el cierre de la economía en los sectores no esenciales se prolonga de manera indefinida.
Lo que no parece entender la alcaldesa es que, precisamente, para evitar semejante perspectiva, hay que ir abriendo paulatinamente, la economía, para que los recursos del estado (nacional y de Bogotá) se puedan concentrar en auxiliar a los más vulnerables y aquellos empresarios micro, pequeños y medianos cuyos negocios todavía no se puedan abrir, y a sus trabajadores, y a los vendedores ambulantes y a los inmigrantes.
Ahora bien, es absolutamente claro que cualquier alivio de la cuarentena debe hacerse con las mayores precauciones posibles para preservar la vida de los trabajadores y sus familias. Toda medida de prevención es poca, y ahí juega la responsabilidad de las empresas, que deben proveer a sus trabajadores de los implementos necesarios para su protección, pero también las de éstos, que deben practicar el autocuidado y denunciar a los patronos que violen las normas de bioseguridad y distanciamiento físico.
Lo dicho en los dos párrafos anteriores vale para todo el país. Afortunadamente, los otros alcaldes y los gobernadores han venido trabajando de la mano con el gobierno central, como debe ser. Y a este le corresponde, como hasta ahora, seguir preparado al máximo para la contingencia. Algo que me preocupaba era que había relativamente pocas pruebas PCR y que las rápidas no están en uso. Pero, de las primeras, ya llegaron quinientas mil, que comenzaron a aplicarse inmediatamente. Un porcentaje de ellas será para Bogotá. (y como una nota al margen, me pregunto por qué el Invima no ha autorizado todavía la fabricación de ventiladores diseñados por nuestros emprendedores y por qué tenemos que depender de reactivos para las pruebas, si aquí hay laboratorios que podrían fabricarlas).
Si la coordinación entre las autoridades se mantiene, tenemos posibilidades de salir bien de la pandemia. La alcaldesa debería ser consciente de esta situación. Ojalá llegue a este convencimiento. Una candidatura presidencial no se forja sobre el rompimiento de la unidad del país. Y no se forja con un desastre.
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