La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el informe Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, el cual encendió las alarmas en las autoridades por el aumento del 52% en la cantidad de hectáreas de coca en Colombia, pasando de 96.000 en el 2015 a 146.000 en el año siguiente. 

Este texto resaltó que “el Gobierno ha trabajado en la construcción de confianza con las comunidades; por ejemplo a través de la suspensión del programa de aspersión (Pecig), la implementación de mesas de diálogo con comunidades afectadas por cultivos ilícitos y un cambio en la política antidrogas orientando los esfuerzos a combatir los eslabones intermedios y superiores de la cadena del narcotráfico”. 

Además de esto, el informe destacó que 2016 fue uno de los años con menor territorio afectado en toda la historia de esta evaluación, con lo cual Unodc concluyó que “se confirma la tendencia de tener más coca en menos territorio”, que mantienen Caldas, Cundinamarca y Guajira como departamentos libres de coca y que hoy Santander, Magdalena, César, Guainía, Boyacá y Arauca están cerca de convertirse en lugares libres de la presencia de este cultivo ilegal. 

Sin embargo, también alertaron por los territorios en los que se han concentrado los cultivos de coca durante los últimos diez años y señalaron que el 80% de los lotes identificados en 2016 ya había sido detectado, asperjado o erradicado previamente.

En Antioquia, las hectáreas de cultivos ilícitos también aumentaron un 269%, pasando de 2.402 en 2015 a 8.855 en el siguiente año.

Este informe señaló que las mayores cantidades de coca están en Nariño, Norte de Santander y Putumayo y alertó al Gobierno que si no se mejora la acción de las autoridades y no hay acciones más fuertes en contra de la cadena del narcotráfico, los cultivos ilícitos no van a desaparecer nunca. También recomendaron que “es importante que haya desarrollo alternativo; es la única solución sostenible en el tiempo”.  

Sobre esto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, explicó que desde el Estado hay tres objetivos para combatir este fenómeno: mejorar las condiciones de vida de los afectados con cultivos, atender el consumo de drogas como problema de salud pública y combatir el narcotráfico. 

“Las zonas afectadas deben convertirse en territorios de paz. El compromiso es reducir la problemática de las drogas”, agregó.

El vicepresidente Óscar Naranjo hizo énfasis en que el Gobierno no bajó la guardia y que estas cifras no iban a inmovilizar la lucha contra los cultivos ilegales.

El Gobierno Nacional "responde con determinación, integridad y una aspiración que queremos convertir en realidad de que el fin de los cultivos ilícitos sea sostenible en el país", aseveró.

Además, realizó una rendición de cuentas sobre el trabajo en este aspecto, resaltando como políticas exitosas la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria de cultivos. “El Gobierno Nacional se propuso acabar este año con 100.000 hectáreas de coca: 50.000 hectáreas a través de erradicacióm forzosa y la sustitución voluntaria de otras 50.000”, aseguró el vicepresidente.

“En cumplimiento de estas acciones, a 5 de julio de 2017 se han erradicado 20.297 hectáreas de cultivos ilícitos, gracias al trabajo coordinado entre policías, soldados e infantes de marina”, agregó.

¿Qué aspectos inciden en el aumento de los cultivos ilícitos?

Sobre los resultados de este informe y la reflexión que se genera desde las estrategias de lucha contra los cultivos ilícitos, EL MUNDO consultó a varios analistas sobre las causas y soluciones para este fenómenos. 

Para Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático y analista del conflicto armado, “no hay duda de que el factor que llevó al aumento de los cultivos ilícitos en Colombia fueron los acuerdos que firmó el Gobierno con las Farc, los cuales decretaron suspensión de la fumigación de las hectáreas de coca y prácticamente cesó la erradicación manual forzosa; lo que se acordó fue casi la legalización de estos cultivos. Por eso las cifras que hoy vemos”. 

“Todos los grupos ligados con el narcotráfico, incluso las Farc que impusieron al Estado estas decisiones, han tenido influencia en el aumento de la siembra de drogas y narcotráfico en el territorio. Esos acuerdos han sido un incentivo perverso, porque consideran el tráfico de estupefacientes como un delito político”, agregó.

Frente a esto, el General (r) Leonardo Gallego, exdirector de antinarcóticos de la Policía Nacional, expresó que “pese a que hay unos esfuerzos importantes del Gobierno a través de unidades especializadas y el esfuerzo en destrucción de cultivos ilegales de coca de manera voluntaria y forzosa, lo que inquieta es que todos estos éxitos no se ven reflejados en esta tendencia a aumentar de forma tan desproporcionada”. 

“Este informe muestra cifras impactantes frente a la expectativa que existía de que se lograra una tendencia de estabilidad o disminución en los cultivos ilegales de coca y una reducción de las hectáreas en algunos de los núcleos más delicados del país. Pero lo que se observa en este informe es un crecimiento de la plantaciones ilegales en dichos lugares, donde se han consolidado los cultivos ilícitos”, argumentó. 

Gallegó consideró que la razón del aumento es “la persistencia de los cultivadores que se encuentran vinculados al sostenimiento de este tipo de siembras, la participación de los grupos criminales que buscan tener acción en esos territorios y explotar las economías ilegales. Entre ellas el Eln, un reducto del Epl y grupos de bandas criminales,las cuales interfieren en los programas de lucha contra estos estupefacientes. También consideró que la suspensión del uso del glifosato incidió en estas cifras”.

“Vemos una intención muy positiva del Gobierno. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que en los acuerdos con las Farc se definió que esta guerrilla no tendría contacto con los eslabones del narcotráfico, haya un incremento enorme en las zonas donde se encuentran concentradas las Farc, donde ha habido un dominio histórico por parte de este grupo guerrillero”, agregó. 

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Germán Valencia, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señaló que “en Colombia se sintió la salida de las Farc de los territorios, ya que el control territorial que tenían no fue sustituido por el Estado y persistió el vacío institucional. En consecuencia, estructuras armadas que anteriormente no podían entrar, tuvieron vía libre para aumentar su negocio”.  

“El cese al fuego comenzó hace año y medio, y como el Ejército no aprovechó para ocupar este espacio en toda esta época, entonces las estructuras criminales, el Eln y pequeños grupos cocaleros ocuparon estos lugares y los cultivos ilícitos aumentaron. Solo hasta hace cuatro meses, la institucionalidad comenzó a llegar a estos sitios con presencia militar. Todavía no han llegado de manera integral para ofrecer todos los servicios de estos entes”, sostuvo Valencia. 

Debe haber una política integral y decidida del Gobierno

Los expertos consultados por EL MUNDO manifestaron que debe aumentarse el esfuerzo de políticas coercitivas, alternativas y de eliminación de cultivos ilícitos para enfrentar el aumento señalado de los campos de coca. 

Para Rangel, “está demostrado que la aspersión aérea es un instrumento efectivo y eficaz para el control y la disminución de estas hectáreas. También deben ofrecerse alternativas a los campesinos con iniciativas como familias guardabosques, que logró sustituir los ingresos de las familias cocaleras en el país”. 

Con lo anterior concordó el general Gallego, quien señaló que debería considerarse el uso de glifosato para los territorios que más concentran cultivos ilícitos en el país, en donde se note una estructura de producción industrial y no artesanal. 

Valencia recomendó que deben aplicarse de manera eficaz los acuerdos de La Habana, en especial los puntos de reforma agraria integral y el respectivo de cultivos ilícitos. “No tiene que ver con glifosato, con persecución, sino que debe haber oportunidades para que los campesinos produzcan e inviertan en las potencialidades del agro y no vuelvan a ver los narcóticos como una opción”.

Consideró que otro de los factores que debe reducirse es la manera en que se comercializan los cultivos ilícitos, es decir, “deben combatirse fenómenos como el microtráfico. No creo que todo el aumento se vaya de exportación, sino que hay un incremento en la demanda interna; es importante que se piense en el consumo como un problema de salud pública en el cual hay que trabajar”.

Gobierno permitiría uso de coca y amapola con fines medicinales
Javier Guzmán, director del Invima, anunció que está evaluando la posibilidad de hacer una modificación al Decreto 2266 de 2004, el cual fijaba una restricción a la producción y comercialización de medicinas a base de amapola y coca.

Con la norma buscarían “eliminar la prohibición legal que existía de no poder ni siquiera entregar o radicar solicitudes de registro de productos fitoterapéuticos a base de tres plantas que son el cannabis, la hoja de coca y la planta de la amapola”. 

“Estamos ampliando, por ejemplo, el número de plantas medicinales de las que se pueden hacer productos fitoterapéuticos; estamos pasando de tener 140 plantas a tener alrededor de 250”, agregó Guzmán.