El sistema de salud de Colombia cada vez da menos garantías a los usuarios, pues son continuos los servicios que muchas entidades prestadoras de salud no acceden a brindar. Este desacuerdo entre usuarios y las prestadoras de servicios ha llevado a que los pacientes interpongan acciones de tutela, para hacer valer su derechos.

Es que la acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Es el caso de la señora Ligia Estela Muñoz, residente del municipio de Caldas. Ella, de 62 años de edad, se encuentra afiliada en seguridad social en salud, con régimen subsidiado nivel 2, que es atendido por la Alianza Medellín Antioquia EPS SAS (Savia Salud) en el municipio de Caldas.

En la actualidad, la señora Muñoz padece de dos enfermedades bucales. La primera es conocida como raíz dental detenida y la segunda es una fractura de los dientes.

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Desde septiembre de 2014, el médico con el cual se está realizando el tratamiento le ordenó realizarse una revisión con endodoncista  y rehabilitación oral, ordenes que a la fecha no se han podido ejecutar.   

La EPS no la ha atendido, lo que ha causado que la paciente haya interpuesto una acción de tutela, la cual falló a favor, pero la atención nunca llegó.

Esta negación del servicio y el desacato a la orden del juez han perjudicado a la señora Muñoz, que según denuncia está enfrentando la posible pérdida de dentadura, por la no atención.

Germán Reyes, presidente de Asmedas, indicó que “en principio la justicia falla a favor del paciente, para que se lo atienda ya sea por cirugías, medicamentos, especialistas, el aparato judicial falla en primera medida en conciencia igual que la Corte Constitucional, amparados con la Ley Estatutaria, que dice que la salud es un derecho fundamental autónomo individual y colectivo, no es única y exclusiva con el derecho a la vida.

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En el caso de Medellín, la Personería reveló que, entre el año 2016 y 2017, el número de tutelas en el tema de salud por no prestación de servicios presentó un aumento de 30,2%, pues se pasó de 8.678 a 11.304.

“En cuanto a las solicitudes de cumplimiento de fallo y a los derechos de petición, se presentó una reducción considerable en ambas atenciones con referencia al año anterior. Mientras en 2016 se presentaron 452 solicitudes de cumplimiento de fallo de tutela, en 2017 fueron recibidas 367 por parte de la Personería, significando esto, una baja del -18,8%”, reveló el Ministerio Público.

Según el reporte de la Personería, las EPS más entuteladas en Medellín son Coomeva, con 8,25 % del total; Cafesalud, 7,77 %; Sura, 6,84 %; Nueva, 5,14 %, y Savia Salud, 4,33 %.

La Personería hizo, además, otra grave denuncia, “a raíz de la gran cantidad de acciones de tutela en salud recibidas por esta dependencia, aumentó también el número de incidentes de desacato con respecto al año anterior; mientras en 2016 se realizaron 2.382 atenciones, en el 2017 fueron recibidas 3.720, lo que representa un aumento del 56.1%”.

A lo que Germán Reyes afirma que “las EPS prefieren pagar la multa, ir a detención domiciliaria dos o tres días, pues sale más económico que pagar el tratamiento en cualquier circunstancia y afirma que la única solución es que las penas sean más grandes o que las multan sean mas altas contra las EPS”

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Mientras tanto muchos pacientes siguen interponiendo las tutelas hasta que las EPS los atiendan o como es el caso de los últimos años con este sistema de salud, prefieran entrar en desacato.

Las entidades del régimen contributivo (normas que rigen a personas con capacidad de pago, empleados, empleadores, entre otros) fueron objeto de 4.975 tutelas, el 44.01%. Y a las del régimen subsidiado (población sin capacidad de pago) les fueron interpuestas 5.993, es decir el 53.02%. 

La Personería, finalmente, reveló que de las solicitudes de cumplimiento de fallo se pasó de 452 en 2016 a 367 en 2017 y en cuanto a derechos de petición 452 en 2016 a 269 en 2017.  

En cuanto a derechos de petición, el despacho afirmó que en 2016 fueron presentados 452, mientras en 2017 la cifra llegó a 269, reduciéndose en un -40,4%.