A 25 personas graduó la Escuela de Liderazgo en Medellín como líderes de la población en situación de discapacidad, para defender sus derechos y gestionar su inclusión social sin barreras físicas ni discriminación.

La Escuela de Liderazgo del Proyecto para la inclusión social de víctimas del conflicto con discapacidad, como resultado de un convenio suscrito entre la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica).

Gloria Urrego y Liney Contreras son dos sobrevivientes de los flagelos del conflicto armado y el narcotráfico. Ambas son víctimas con discapacidad por culpa de una bala pérdida y una bomba del narcotráfico, pero con tenacidad se superaron y se empoderan como líderes sociales que ayudan a otras en su condición a superarse.

Ambas mujeres hicieron parte del grupo de 25 personas de varias regiones de Antioquia y una de Córdoba, quienes luego de un año y medio de formación en Medellín se certificaron como líderes de inclusión a favor de los derechos de esta población, en un acto realizado en el Museo Casa de la Memoria.

Para la cordobesa Liney Contreras, la formación en la Ley de Discapacidad, Ley de Víctimas, habilidades sociales, oferta de educación, salud, atención apoyo sicosocial, empleabilidad y liderazgo “nos fortalece para ser agentes de cambio y transformación en nuestros territorios para que sean más incluyentes, con más oportunidades y sin discriminación porque la discapacidad no está en las personas sino en el entorno”.

Dice que el conocimiento adquirido le servirá para mejorar su rol de lideresa en la asociación de mujeres víctimas de su municipio natal, Montelíbano, “porque en mi municipio para empezar no hay infraestructura física que facilite la movilidad de las personas con discapacidades y el acceso a otros servicios”.

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Además de la formación con expertos japonés y colombianos, compartir las experiencias de superación con otras condiciones de discapacidad también significa para los participantes un avance en su reparación integral, al ayudarlos a superar temores y resentimientos derivados de los hechos victimizantes.

Así lo es para Liney. Atrás han quedado los días en que sintió que estaba “muerta en vida” tras sufrir la mutilación de su brazo derecho por la explosión de una bomba atribuida al Cartel de Medellín.

Al recordar el atentado ocurrido el 25 de abril de 1991, relata que “yo fui víctima a los 16 años, cuando el cartel de Pablo Escobar colocó una bomba y perdí mi brazo derecho. No saber hacer nada con el brazo izquierdo me mató en vida, hasta que Dios me dio la fortaleza de aprender a defenderme sola”.

Como prueba de su superación, cuenta que a pesar de la “tristeza que sufrí por la pérdida de mi brazo, no ha sido impedimento para sacar mi familia adelante y ser una líder para la sociedad y ayudar a otras víctimas en mi territorio”. 

La reparación 

Con el proyecto de inclusión social de víctimas del conflicto con discapacidad, también se da cumplimiento a la Ley de Víctimas, “que reconoce los enfoques diferenciales para atender y reparar a población afectada por el conflicto, ya que las víctimas en condición de discapacidad necesitan no sólo la rehabilitación física, sino el restablecimiento de sus derechos y su inclusión social”, explica la subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Viviana Ferro.

La funcionaria asistió al acto de clausura de la Escuela de Liderazgo en Medellín y destacó la cooperación internacional del Gobierno japonés y el impacto del proyecto: “Se logró empoderar a estas personas y que sus liderazgos se conviertan en motores de sus comunidades. Este modelo vamos a replicarlo en otras zonas del país”.

Ese es el reto ahora de la antioqueña Gloria Urrego como una de las víctimas capacitadas como lideresa de inclusión. En el año 2002, durante “un enfrentamiento armado en la Comuna 13 de Medellín con las milicias de la guerrilla fui víctima de una bala perdida que me causó la discapacidad”, relata esta mujer, quien se moviliza en silla de ruedas.

Ella conoce las barreras físicas, arquitectónicas y sociales, la falta de oportunidades laborales y educativas que las afectan. Por eso para Gloria la escuela de Liderazgo representa “sanación de lo que nos dejó el conflicto armado” al convertirse es agentes de cambio. “Somos resignificados reconociendo que tenemos muchas potencialidades y para llevar este conocimiento a otras comunidades donde se necesite visibilizar a las personas con discapacidad”.

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La Escuela de Liderazgo sirvió para que unos participantes lograran que una empresa de buses del corregimiento de San Antonio de Prado formara a sus conductores para entender la capacidad y necesidad de eliminar las barreras acondionando sus vehículos para las personas con movilidad reducida.

Los primeros municipios beneficiados con este proyecto son Carmen de Chucurí (Santander) y Granada (Antioquia). Como parte del convenio con la agencia de cooperación de Japón, en el municipio antioqueño funciona desde el año pasado un Centro de Inclusión Social llamado Senderos de Esperanza, que brinda atención psicosocial, educación física, pintura y oficios como la panadería a personas con discapacidad, entre ellas las víctimas de minas antipersonal y otros hechos victimizantes durante el conflicto armado.