El punto sobre las víctimas del conflicto es, un año después de firmado el acuerdo final, la mayor preocupación en lo que a implementación se refiere. Así lo indicó el alto comisionado para La Paz, Rodrigo Rivera, quien le afirmó a EL MUNDO que hasta que no esté aprobado el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y se pongan en marcha la salas, las víctimas no van a ver a los responsables de los crímenes graves comparecer ante la justicia y asumir su responsabilidad.

Rivera agregó que cuando este sistema esté operando, el punto correspondiente a las víctimas va a representar avances significativos “por eso nuestra insistencia para que el congreso apruebe la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la apruebe bien, de manera que responda al acuerdo y al fallo de la corte constitucional”, puntualizó.

En contraste, Herbin Hoyos, coordinador de la Federación Nacional de Víctimas de las Farc, señaló que, a lo largo de este año, lo correspondiente a las víctimas se ha mantenido como inició, “hemos sido excluidas de todo el acuerdo, hemos buscado los espacios para una implementación acorde a la necesidad de las víctimas que es exigir verdad, pero no encontramos respuestas, es más, una de las grandes exigencias desde el principio fue la de devolver a los menores y trabajar en el tema de los desaparecidos pero hoy vemos que algunos ya han llegado a la mayoría de edad y en cuanto a desaparecidos no hay ningún avance”.

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Daniel Castaño Zapata, director de la Maestría en Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín, señaló que la legitimidad en un proceso de posacuerdo depende de las víctimas y el trato que a estas se les de; agregó el investigador que, aunque estas son parte fundamental para el éxito de un acuerdo, el perdón debe estar por fuera de la agenda pública, al entender que este proceso es individual y diferente en cada persona.

“Algo que está pasando con las víctimas en este proceso es que cargan con algo que no les corresponde; la obligación de la reconciliación y parecería que sobre ellas recae la obligación del perdón, las víctimas tienen la soberanía de su perdón porque este es un asunto de la dimensión individual y se le está haciendo un uso político a las manifestaciones o actos de reconciliación, para intentar cerrar algo en que en muchos casos las víctimas no están dispuestas a otorgar. Si uno revisa, las víctimas han apoyado el proceso de desmovilización y reincorporación de los excombatientes, pero la han apoyado en tanto política que garantiza la no repetición de lo que ellos vivieron, así que en ningún momento se les puede imponer la agenda del perdón”, explicó.

Hoyos señaló que la Federación de Víctimas de las Farc va a sesionar el próximo 27 de noviembre (lunes), “vamos a tomar decisiones frente a la JEP y frente a la Comisión de la Verdad, lo más seguro es que nos vamos a abstener, como víctimas, de participar en la comisión porque no nos da confianza. Convocamos a las víctimas a crear una comisión civil de la verdad regionalizada, donde en cada departamento participen los desmovilizados de las mismas Farc que ya pagaron cárcel y juntos conformemos una comisión de la verdad que atienda y revise las diferentes dimensiones del conflicto”, concluyó.