En la semana que está terminando, Antioquia sufrió ataques que se le había prometido no se repetirían; también fue notificada de graves realidades que ensombrecen sus esperanzas de gozar de seguridad, paz, legalidad y formalidad. Entender que esos hechos que se anuncian aisladamente son eslabones de las cadenas del narcotráfico y la minería ilegal y actuar en consecuencia es imperativo irrenunciable para las autoridades y la sociedad.

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El origen de los desplazamientos forzados, la resiembra de minas antipersona, los nuevos reclutamientos y los atentados terroristas contra empresas formales, se encuentra en el informe del Sistema integral de monitoreo de cultivos ilícitos, Simci, producido por la Oficina de la ONU contra la droga y el delito, Unodoc, y el Gobierno de Colombia. Según este documento, que coincide en sus tendencias, aunque no en sus cálculos finales, con el informe anual sobre narcotráfico del Departamento de Estado de los EEUU, los cultivos de coca en Colombia siguen creciendo, aunque en algunas regiones se está presentando una tendencia inversa, pues mientras en Nariño, y particularmente en el municipio de Tumaco, se evidencia una lenta pero progresiva disminución de hectáreas cultivadas con coca, en Antioquia su aumento es exponencial.

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No hay que ser experto en la geografía antioqueña para reconocer que el crecimiento de los cultivos de coca está ocurriendo en municipios aledaños al Nudo de Paramillo (Norte y Bajo Cauca), escenario que los grupos narcoterroristas -los GAO, los llamados residuales de las Farc, el Eln y las propias Farc- han convertido en guarida y punto de enroque de las rutas de salida de la cocaína procesada que envían a los mercados internacionales desde el norte de Urabá. Eso significa que con el aumento de siembras llegan los de producción y las acciones, corruptoras o violentas, que pretenden la reconquista de los corredores del tráfico de drogas y el oro explotado en forma ilegal, y contaminante. La concurrencia de factores de criminalidad y la participación de las Farc en ellos explica que en el listado que el Departamento de Estado divulgó el pasado 5 de septiembre, esa organización haya sido confirmada como uno de los grupos terroristas del mundo.

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Sin menospreciar la gravedad del desplazamiento forzado en Tarazá y de la siembra de minas antipersona que afectaron a una patrulla del Ejército en ese municipio, reclamamos especial atención para el atentado terrorista contra la empresa Continental Gold, en el municipio de Yarumal. Ello, por la sevicia del ataque contra población protegida, la intencionalidad y las características de los perpetradores.

El ataque terrorista contra Continental Gold que provocó la muerte de los geólogos Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez, y heridas a otras cuatro personas que participaban en trabajos de exploración del proyecto Berlín, hoy suspendido, debe ser explicado desde los actores que envuelve. La víctima final del ataque, a quien la perversidad de nuestros medios de comunicación terminó por revictimizar al buscarle culpabilidades, es una compañía que creyó en la promesa de que “el acuerdo de paz” profundizaría los logros de la seguridad democrática en lo atinente a la recuperación del control territorial por el Estado y, consecuentemente, la garantía de respeto, enmarcado en un debido control institucional, a las actividades empresariales formales, o sea legales. El victimario es la organización Farc y sus aliados, que pretende conservar, o recuperar si es que lo perdió, control territorial y de sus negocios en el corredor del narcotráfico que ha dominado en los últimos años.  La responsabilidad de las Farc se explica porque es un ataque perpetrado por hombres que no se desmovilizaron, lo que les fue posible porque nadie exigió rigurosidad en la entrega de listas de miembros; armas y rutas de narcotráfico que nunca abandonaron, puesto que el Estado renunció a exigir la entrega de toda la información y bienes asociados a las actividades de narcotráfico del mayor cartel cocainero de Colombia.

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Entretenida en el debate sobre la corrupción de la clase política, que por supuesto tiene que ser combatida con las armas existentes y las que se necesiten para afilar las capacidades institucionales, la opinión pública ha descuidado la exigencia a las instituciones responsables de evitar la impunidad de crímenes previos a la firma del acuerdo final y los posteriores. Tal abulia ha propiciado la permanencia en el Congreso de criminales de lesa humanidad, la suspensión de procesos penales clave como el llevado contra alias jesus santrich por continuar exportando cocaína a Estados Unidos y la interinidad en su sometimiento al Estado de Derecho de los seis, o más, jefes farianos que deambulan entre campamentos clandestinos y lugares de encuentro con amigos que han gozado del cobijo de las instituciones del Estado de Derecho.

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Comentarios:

Edgar
2018-09-23 17:57:40

Ahí estamos padeciendo los efectos de un malísimo acuerdo entre los terroristas farianos y el gobierno , por fin terminado, de J M Santos.

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