Colombia no es ajena al rápido crecimiento urbano que se vive en el mundo. El censo que está en marcha en el país dará cifras más certeras sobre esa proporción, pero a pesar de que por ahora se estima que cerca del 70% de la población está concentrada en las urbes; el Gobierno Nacional parece que está cada vez más desconectado de esas necesidades locales y los gobiernos subnacionales más impedidos y coartados para su atención.  
A finales de enero se conoció que los alcaldes de las principales ciudades capitales del país se retiraron de Asomunicipios con el fin de fortalecer a Asocapitales y trabajar para que sus intereses regionales y locales tengan alcance nacional. 
Sin querer interferir con la labor de los alcaldes, sería importante que un nuevo gobierno considerara un ministerio de las ciudades, por varias razones. Primero: conectar al gobierno nacional con las necesidades de un importante grueso de la población. Segundo: Permitir que se tramiten importantes recursos de manera pública y técnica, pues hasta ahora se hace a discreción, por decirlo decentemente. Tercero, entender cómo será el crecimiento de la población, principalmente en ciudades intermedias y que ese crecimiento urbano se haga de manera sostenible. 

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Cada vez con más regularidad, los mandatarios de las grandes ciudades manifiestan problemas para acceder a recursos del nivel central o para gestionar — con dinero y autoridad limitadas— y atender problemáticas que afectan la calidad de vida de sus habitantes y frenan las posibilidades del desarrollo de la ciudadanía. Temas como seguridad, inequidad y pobreza extrema, además de movilidad son algunos ejemplos de la necesidad —cada vez mayor, de un trabajo articulado entre los diferentes niveles gubernamentales para dar solución a esas necesidades.
El caso de los motociclistas lo ilustra bien. Los mandatarios de las ciudades capitales principalmente —aunque en localidades intermedias y pequeños municipios el fenómeno sea todavía más crítico—  se ven enfrentados a un exorbitante crecimiento de ese tipo de vehículos, una tasa de mortalidad vial que no cede y otros problemas asociados, como la seguridad y el ambiente, que tampoco son fáciles de atender. 
Para este tema, por ejemplo, el gobierno central tendría entre sus herramientas una serie de instrumentos que permitan desincentivar el uso de la motocicleta, al tiempo que alienta otros medios de transporte masivos y limpios, reclamados a gritos desde las ciudades. 
El Conpes 3819 reconoce que Colombia no cuenta con políticas suficientes que promuevan la articulación, complementariedad y coordinación entre ciudades, acepta que “tampoco cuenta con un proceso de descentralizacio?n que reconozca las diferencias, capacidades, y necesidades entre ellas”, lo que en consecuencia, implica que se desaproveche en términos de competitividad y sostenibilidad los beneficios de la urbanización. Por eso, de quererse cumplir con el llamado hecho desde Suiza por el presidente Juan Manuel Santos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tendrá qué pensar cómo construir institucionalidad para atender los problemas de las ciudades y así seguir caminando hacia la consolidación del ODS 11.

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