El miedo a la impopularidad tiene bloqueada a la Alcaldía de Medellín para tomar decisiones necesarias en materia de movilidad. Una de ellas es la implementación de los cepos —sistema de bloqueo de llantas para vehículos mal estacionados—. Decisiones de este tipo requieren convicción y criterio para asumirlas con todo y sus costos políticos. Tal vez eso puede explicar por qué Medellín tiene comprados 100 cepos y no los ha estrenado.

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El rápido crecimiento del parque automotor, sus externalidades negativas en el ambiente y las eternas congestiones, hacen de la movilidad un tema cada vez más exigente para las autoridades locales. Medellín no es la excepción. Se ha insistido en la necesidad de impulsar medios de transporte no motorizados, de fortalecer el transporte público y desincentivar el uso del vehículo particular.

Para lograrlo, por ejemplo, existe el cobro por congestión y al estacionamiento en la vía pública, además de controles ambientales y a infracciones de tránsito. Quien tenga el vehículo particular debe conocer sus costos asociados que van más allá de pagar la matrícula y los impuestos. El estar al día con esos deberes, no concede el permiso para ejercer el inventado —y a furias defendido— derecho fundamental a estacionar donde se plazca.

Hay calles de Medellín que parecen un verdadero parque… parqueadero a cielo abierto. Un vehículo mal estacionado puede significar el 33% de la capacidad de una vía de tres carriles —escasas en la ciudad—; el 50% de una de dos; o la ocupación de la totalidad del espacio para el peatón o el ciclista. Por supuesto, los agentes de tránsito son insuficientes, las grúas no alcanzan y la cultura ciudadana es fundamental. Pero el cuento es a otro precio cuando, teniendo herramientas que ayudan al control, no se ejercen por miedo a la reacción ciudadana.

El año pasado,  Medellín compró 100 cepos (cada uno por valor de $392.700), pero hasta ahora no se estrena esa estrategia de control, pese a que en municipios vecinos, como Envigado, los resultados han sido más que exitosos.

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Por medio del contrato interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y Terminales de Medellín se adquirieron los cepos, de acuerdo al informe de interventoría. En septiembre, estaban “en proceso de implementación”; pero para finales del año pasado se hablaba de “resistencia por parte de la comunidad, toda vez que se considera agresiva debido a que el bloqueo vehicular lleva inmersa una medida restrictiva y sancionatoria”.

La anterior consideración llevó a que desde entonces, se frenara su implementación y se optara por más campañas pedagógicas y estrategias de divulgación con la redistribución de los recursos que habían sido destinados para tal fin. Opción que deja parqueada, por ahora, la posibilidad de un control real y más eficiente a los mal estacionados, pero que al fin de cuentas, es consecuente con el interés de protegerse de decisiones impopulares, sin importar que las calles y aceras de Medellín, se conviertan en parqueaderos improvisados y defendidos —con furia— por los infractores.