El problema que se nos viene pierna arriba para los colombianos y que develó recientemente en una entrevista el ministro Luis Carlos Villegas, es del tamaño y la gravedad de sus afirmaciones. Dijo Villegas que las investigaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país arrojaron que las causas del delito estaban ligadas a problemas personales “de faldas y linderos” y no a sus actividades de liderazgo social o comunitario.  
Aunque la afirmación del ministro de defensa puede ser cierta en lo estadístico, es indefendible como premisa en un estado social de derecho de un país en un post-acuerdo con la guerrilla más antigua de la región.  Y así sea cierta esa afirmación, devela una verdad de Perogrullo; el Gobierno aún no sabe con certeza cómo llegar a esos territorios sometidos por años al dominio insurgente. 
Esa aproximación a esos territorios, que en épocas de post-acuerdo siguen pareciendo hostiles para que el Estado pueda desplegar su capacidad y funcionar integralmente en todo el territorio nacional, es el verdadero problema. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por estos hechos y por las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno nacional que pretenden minimizar la situación. Esa dependencia registró este año, con corte al 20 de diciembre, 105 homicidios de líderes sociales. Es decir, casi dos homicidios por semana.   

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La dependencia de las Naciones Unidas, sí tiene claro que los homicidios de los líderes y defensores de derechos humanos han ocurrido en zonas dejadas por las Farc, en las que hay un vacío de legitimidad por parte del Estado, pero que está siendo aprovechado por la criminalidad. 
La respuesta de las autoridades se ha reducido a investigar los crímenes cometidos para tener una estadística, anunciar desde el Ejército Nacional el Plan Orus y repetir las brigadas sociales; un invento cien veces fracasado. Esas visitas, representan para las comunidades lo que para un niño significa que le den una paleta para quitársela al otro día. 

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Como sucedió en Carepa la semana anterior. El jueves recibieron al Fiscal General quien se reunió con algunos líderes del municipio, al día siguiente bajan de un bus de transporte público al líder comunal Gonzalo Antonio Martínez para torturarlo frente a su familia, pero al viernes llega el Ejército a hacer en la zona una brigada de salud. 
El ministro Villegas, si no quiere que el problema del asesinato de líderes sociales siga pierna arriba, debe enfrentar el problema en toda su complejidad. Si son líos de faldas, gallinas o linderos, e incluso de actividades irregulares, tendrán que ser tramitadas por medio del Estado, pero no se puede aplazar más su llegada a estos territorios. En eso consiste, ¿no?